hay que exigir el cese de la represión

La situación de los derechos humanos en Cuba será revisada el miércoles por cuarta vez durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra.

Cuba es uno de los 14 países que van a ser revisados durante la actual sesión del EPU que comenzó el 6 de noviembre y concluye el 17. Las anteriores revisiones de Cuba tuvieron lugar en febrero de 2009, mayo de 2013 y mayo de 2018.

En el proceso, se evalúan tres documentos:

-El que fue presentado por el Estado cubano;

-Información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como Procedimientos especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU;

-Información proporcionada por otros interesados, incluidas las instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.

Una de las entidades de la tercera categoría es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la cual ha expresado sus preocupaciones sobre una variedad de temas, como por ejemplo las restricciones en Cuba a la sociedad civil independiente, el arresto de personas por motivos políticos, el nuevo Código Penal, la censura y la ausencia de una separación de poderes.

Las comunicaciones de la CIDH que serán abordadas en el Examen Periódico Universal:

• Indicó haber recibido denuncias sobre falencias en el proceso de debate en torno al proyecto de Constitución y que, pese a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil para generar un diálogo pluralista, existieron barreras que limitaron la efectiva participación ciudadana.
• Urgió a Cuba a poner fin a toda acción de represión y garantizar los derechos humanos de las personas detenidas (el 11J) y acusadas; a garantizar plenamente el derecho a la protesta, respetando los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza estatal y de debida diligencia para la investigación de los hechos denunciados; y a entablar un diálogo en la sociedad para atender las demandas de la población.
• Identificó la falta de disposiciones para asegurar la separación de poderes y de garantías para la independencia judicial. Expresó preocupación por la falta de transparencia y las deficiencias del sistema de justicia, incluidas las de la Fiscalía General de la República. Recomendó que se velara por la plena independencia, imparcialidad y efectividad del poder judicial.
• Expresó su preocupación por las violaciones de las garantías judiciales y por las penas desproporcionadas, de hasta 25 años, contra quienes participaron en las protestas del 11J.
• Manifestó su preocupación por el hostigamiento, las condenas penales por desacato y el recrudecimiento de la criminalización de académicos, periodistas, artistas, activistas y defensores de los derechos humanos, mediante la aplicación de delitos que sancionan la crítica a funcionarios públicos.
• Manifestó su preocupación ante nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad y alertó de los riesgos para el ejercicio de las libertades fundamentales en Internet.
• Hizo un llamado a Cuba a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión a través de la adecuación de sus regulaciones de conformidad con estándares internacionales en la materia.
• Se refirió a la falta de participación política y elecciones libres por la persistencia de un partido único en Cuba.
• Expresó preocupación por la precariedad del trabajo y las restricciones a la libertad de elección profesional en Cuba. Urgió a Cuba a garantizar plenamente el derecho al trabajo digno y los derechos laborales y sindicales.
• Expresó su preocupación por el empeoramiento del goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Cuba, especialmente de las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, y se refirió a información recibida sobre el aumento exponencial de la pobreza, el deterioro de servicios públicos esenciales y la escasez de alimentos y productos de primera necesidad.
• Instó a Cuba a implementar los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
• Expresó preocupación ante la violencia de género, particularmente contra las mujeres afrodescendientes y las defensoras de los derechos humanos.

El gobierno cubano, en cambio, ha declarado en su documento presentado ante el Consejo que en Cuba «ha tenido lugar un amplio, profundo e integral proceso de reformas legislativas, el cual ha incluido el fortalecimiento del marco jurídico e institucional de promoción y protección de los derechos humanos».

Añadió que dicho proceso «ha tomado debidamente en cuenta la realidad actual de la sociedad cubana, los objetivos nacionales de desarrollo, las obligaciones asumidas por Cuba en virtud de instrumentos internacionales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otros factores».

También indicó que una medida clave «fue la promulgación de la nueva Constitución de la República de Cuba, en 2019. Desde esa fecha hasta diciembre de 2022, se han aprobado 118 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en el país para tan corto periodo de tiempo».