Panamá se prepara para el segundo paro nacional

La población panameña se prepara para el segundo paro nacional programado para el lunes 20 de noviembre en señal de protesta por un contrato que otorga una concesión por 20 años a una filial de la compañía minera canadiense First Quatum Mineral.

El pasado 16 de noviembre, Panamá vivió su primer paro nacional, calificado por los analistas como un día extremo con paralización en todas las provincias.

Esta semana, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) reiteró el cierre total por 24 horas en todo el país para el lunes 20 de noviembre.

Mario Almanza, en representación de Anadepo, indicó que las acciones para el lunes se incrementarán: “Vamos a fortalecer el cierre total, como protesta, exigiendo la derogatoria de la Ley 406”, afirmó.

Los dirigentes de las agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la Ley 406 del contrato, que otorga a Minera Panamá, filial de la candiense First Quantum Minerals, una concesión por 20 años prorrogables para operar una gigantesca mina de cobre, que representa, según la empresa, cerca del 5 % del Producto Interno Bruto del país.

Sin embargo, expertos en derecho internacional y constitucionalistas han manifestado que la mejor salida para Panamá es el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que el país tendría mayores ventajas para enfrentar una demanda de la minera.

La Corte Suprema de Justicia informó que se reunirá el próximo 24 de noviembre en una sesión permanente para emitir su decisión en el menor tiempo posible.

Actualmente, la Corte ha recibido 10 demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato de ley minero.

Mientras tanto, las agrupaciones “Panamá Vale Más Sin Minería”, “Sal de las Redes”, “Ya es Ya” y miembros de la sociedad civil, se mantienen en una vigilia permanente a las afueras de la Corte a la espera del fallo.

Gremiales empresariales están en contra de los paros

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) insistió en la apertura de las vías, tras las afectaciones que han sufrido el sector primario y la industria agroalimentaria en todos los polos productivos del país.

Hasta el momento, Conep estima pérdidas por el orden de 1.700 millones de dólares en la economía nacional y 15.000 empleos temporales.

“Tenemos que buscar un terreno común que permita que todos los panameños nos pongamos de acuerdo, porque es imposible que podamos insertarnos en el futuro si se sigue degradando la educación, el tejido empresarial y los trabajos”, señaló Rubén Castillo, presidente de Conep.

Esta semana, el gobierno de Panamá anunció que la minera canadiense pagó 562 millones de dólares como parte de sus obligaciones establecidas en el nuevo contrato bajo la Ley 406, pero el presidente Laurentino Cortizo ordenó que este pago se mantenga en una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá, a la espera del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.

Tras este anuncio, surgieron reacciones que cuestionan la cantidad pagada por la minera, entre ellas la diputada Zulay Rodríguez, quien señala que el presidente aseguró anteriormente que el desembolso de la empresa minera debía ser por más de 700 millones de dólares.

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