Amnistía Internacional: Cinco verdades sobre Cuba

Amnistía Internacional Américas publicó una lista de cinco verdades que hay que saber sobre Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos.

La lista, redactada por la Camila Rodríguez, directora de Justicia 11, fue publicada en el marco de la visita a Cuba del representante de la UE para los derechos humanos, Eamon Gilmore.

“Gilmore legitimará con su visita al régimen cubano si no adopta una postura pública firme sobre la situación de los derechos humanos y en solidaridad con las y los defensores de derechos humanos”, subrayó Rodríguez, ya que el régimen “ha aniquilado sistemáticamente las posibilidades de organización y las ansias de autonomía de la sociedad civil, ha fragmentado una generación de personas nobles, ha destruido la paz de cientos de hogares, y ha agotado, si aún se podía más, la esperanza de la democracia y la justicia en Cuba”.

La cinco verdades:

1. La visita se enmarca en un contexto de extensión de una crisis sistémica. Aunque el Gobierno no publica datos actualizados sobre pobreza en Cuba, los expertos han advertido la precarización de la vida para la mayoría de los ciudadanos. Ha priorizado la construcción de hoteles para un turismo extranjero, que no alcanza a cumplir con los niveles de ingreso proyectados, mientras la salud pública, la educación y la gestión energética carecen de infraestructuras. Al tiempo, aumentan los niveles de violencia, los feminicidios y las protestas públicas antigubernamentales.
2. Luego de las protestas de julio de 2021, se acumulan en la isla cerca de mil personas privadas de su libertad por razones políticas. En su mayoría derivadas de olas de protestas públicas que reclaman condiciones de vida dignas y libertades políticas. La cifra actual de presos políticos en Cuba supera varias veces la suma del resto de la región, incluidos los casos de Nicaragua y Venezuela, señalados por el irrespeto al derecho de la libre expresión y asociación.
3. Son graves las condiciones en que viven las personas privadas de su libertad, bajo la custodia del Estado, no solo expuestas a enfermedades como la tuberculosis, sino también, a torturas y tratos inhumanos y degradantes. Las constantes violaciones de derechos humanos al interior de las prisiones del país ocurren sin que actores internacionales imparciales como la propia UE realicen visitas in loco, pues la legislación cubana las omite, o las niega, como parte de los mecanismos de fiscalización.
4. Luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal recrudece la represión. Desde el pasado diciembre, al menos 25 los disidentes cubanos han sido privados de su libertad, bien sea bajo condena o bajo procesos de investigación, por la supuesta comisión de delitos políticos. El nuevo Código, en el que la pena de muerte se hace extensiva a una veintena de delitos, la mayoría de índole política penaliza la recepción de fondos de apoyo a la sociedad civil con hasta 10 años de privación de libertad. Mientras, no han sido anunciadas normativas que legalicen los derechos de reunión y asociación pacíficas.
5. La situación de emergencia política cubana actual se hace ostensible, también, a través de la escalada migratoria reciente, que ha superado la cifra de 300 mil cubanos. Entre quienes han dejado el país se cuentan miles de participantes en distintos movimientos cívicos y que huyen del país bajo amenazas de la Seguridad del Estado. Las expatriaciones forzadas de cubanos, por tanto, sacuden a una porción considerable de la población cubana; no son solamente una práctica represiva contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros actores clave de la sociedad.

“Si el Estado cubano no asegura garantías de respeto a las cuestiones relativas a los derechos humanos y la existencia de la sociedad civil independiente, con mecanismos claros de seguimiento y evaluación, pedimos a la UE que suspenda el acuerdo intergubernamental”, declara texto, porque “si en los años desde su creación se ha recrudecido la situación de los derechos humanos, ya no confiamos en la eficacia de este acuerdo como instrumento de coerción en favor de los derechos humanos”.

(Camila Rodríguez vive en el exilio desde el 1 de diciembre de 2022, como resultado de las amenazas que recibía de la Seguridad del Estado. Este texto fue publicado originalmente en el EUObserver)