Presos políticos denuncian uso de reos comunes en cárceles cubanas como agentes de provocación

Presos políticos denuncian la caótica situación que sufren en las cárceles cubanas, hostigados por reos comunes de alta peligrosidad que operan bajo las órdenes de la Seguridad del Estado, en medio de la escasez de medicamentos, de asistencia médica y la precaria alimentación.

Dos presos políticos en el penal de máxima seguridad de Kilo 8, también conocido como La 26, en la ciudad de Camagüey, se encuentran en celdas de castigo luego de haberse declarado en huelga de hambre en reclamo de derechos.

Se trata de Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú, según informó un reo desde ese penal llamado Fausto, en comunicación telefónica con el activista Jiordan Marrero Huerta, quien preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba.

“Lo llamo para comunicarle que ambos presos políticos se mantienen en huelga de hambre por la violación de sus derechos y beneficios penitenciarios, entre otras exigencias más, ambos se encuentran en celdas de castigo, en precarias condiciones que atentan contra su salud. El régimen comunista de Cuba ha impuesto un estado de excepción carcelaria, violando sus propias normas”, aseguró el recluso desde Kilo 8.

Marrero Huerta también se refirió a los abusos que continúa sufriendo en esa cárcel de Kilo 8 Reinier Calderín Socarrás, activista miembro de la UNPACU, quien cumple una condena de 3 años de cárcel.

“Reinier ha sufrido restricciones en las llamadas telefónicas, así como amenazas, hostigamiento y agresiones de reos comunes, quienes por un beneficio hacen cualquier cosa, todo esto ordenado por el director de la prisión, Juan Miguel Duarte Sánchez”, señaló el activista.

Calderín Socarrás, quien ya ha sido conducido a celdas de castigo cinco veces desde que fuera encarcelado, ha recibido amenazas de los oficiales de la prisión de ser enviado para las mismas por tiempo indefinido si continúa denunciando los abusos que los militares comenten contra los reos políticos y comunes en ese centro penitenciario.

En la prisión provincial Las Mangas, en la ciudad de Bayamo, provincia Granma, está recluido el preso político y activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Julio César Vega Santiesteban, quien cumple 20 años de condena y es residente del poblado Contramaestre, en Santiago de Cuba. Desde allí denuncia las precarias condiciones de salud en que se encuentra, entre otros problemas.

“El ojo derecho parece que me subió la presión y entonces ya lo que veo ahí es como una nube, ya no veo de lejos porque, como tengo ese problema en ese ojo, me está afectando el otro, no distingo. Me estoy quedando ciego, y voy a fajarme con esta gente que, si no resuelven mi problema, entonces me voy a ver obligado a tomar otras decisiones», dijo.

Según el preso político, en el penal no reciben atención médica porque no hay galenos que presten el servicio.

Maidelín Padrón, madre del preso del 11J Andy Boza Padrón, de 37 años, condenado a 9 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales en San Miguel del Padrón, sentenciado por los supuestos delitos de “atentado”, “desacato” y “desórdenes públicos”, alertó en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba sobre la hambruna que sufre su hijo en la cárcel 1580, en La Habana.

“El niño está flaco cantidad, dice que lo que ha pasado de hambre… figúrate tú, fueron 36 días de una visita a otra. Qué tristeza me dio verlo así, tan flaquito, y yo casi tampoco le pude llevar mucho, porque no hay trigo. Así estamos, no es fácil”, explicó la madre del preso político, que acudió a la visita el pasado sábado.

Boza Padrón, quien vive en el municipio de Regla, donde trabajaba en los muelles hasta que fue detenido el 11 de julio, también ha sufrido restricciones de sus llamadas telefónicas y le han demorado el derecho a la mínima severidad.