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Un tiroteo en un populoso barrio de Guayaquil que dejó cuatro menores de edad asesinados, la aparición de un video de una cámara de seguridad que confirma el secuestro de un padre de familia que fue previamente reportado como desaparecido cuando salió a mostrar su vehículo en venta a un posible comprador y la entrega a Colombia de un peligroso miembro de un grupo insurgente armado.
Todo eso sucedió en menos de 24 horas en territorio ecuatoriano, que en las últimas horas experimentó un repunte de la violencia criminal, generando una serie de dudas sobre las acciones que hasta aquí muestra el gobierno del presidente Daniel Noboa, en el poder desde el pasado 23 de noviembre.
En el hecho que más connotación generó en las últimas horas, cuatro menores de edad, en edades comprendidas entre los siete años y cinco meses, fueron acribillados por sicarios dentro de su casa, localizada en el sector conocido como el Guasmo Sur, donde se calcula que habitan más de 400.000 personas.
El general Víctor Herrera, comandante de la Policía en la zona 8, que incluye Guayaquil y Durán, dos de las ciudades más golpeadas por la violencia criminal, reconoció ante los medios de comunicación que la institución se encuentra “consternada” ante el hecho, cometido por peligrosas bandas que operan en esa zona del Ecuador.
Lo paradójico del caso es que, según el jefe policial, el ataque no iba dirigido a la familia afectada, sino a los habitantes de una casa adyacente, en la que posteriormente se hallaron 40 metros de mecha lenta, que se presume que podrían haber sido usados en atentados con explosivos.
Hasta finalizada la tarde de este martes, el presidente Noboa, quien suele tener un bajo perfil en los medios, no había hablado sobre la matanza. Sin embargo, la Presidencia de la República, en un comunicado en la red social X, dijo que el asesinato demuestra la violencia a la que son capaces de llegar las organizaciones que operan en el país.
“En este gobierno NO habrá espacio para la impunidad, ni se cederá ante aquellos que intentan sembrar el terror y la desolación en nuestra sociedad”, expresó el documento, que recalcó también que no se negociará con asesinos y grupos narcoterroristas.
En otro hecho violento, que también provocó conmoción en Guayaquil, se confirmó el crimen de Christian Lasso, un profesional que hace pocos días fue reportado como desaparecido. En un video de una cámara de seguridad -difundido este día- se aprecia el momento en el que la víctima se reunió con quienes presuntamente querían adquirir el vehículo, pero uno de ellos le apuntó con un arma y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Además, las Fuerzas Armadas confirmaron en las últimas horas la captura de 15 miembros de la estructura armada colombiana Oliver Sinisterra, que opera en el sur del país vecino y que estuvo involucrada en 2018 en el crimen de tres periodistas de diario El Comercio en una zona limítrofe. Los detenidos están vinculados con actividades del narcotráfico, de acuerdo con la versión oficial.
La violencia experimentada en las últimas horas nuevamente encendió el debate en las redes sociales sobre temas que se creía superados, como el de la instauración de penas más severas a quienes incurran en delitos como asesinatos, narcotráfico y otras formas de crimen organizado. De hecho, una de las tendencias que generó discusión en X fue “pena de muerte”.
Según cifras oficiales, del 1 de enero al 4 de diciembre, los homicidios intencionales en el Distrito Metropolitano de Guayaquil se han incrementado un 83 % frente a las cifras de 2022, mientras que los secuestros y extorsiones, una de las problemáticas más complejas en la actualidad, han aumentado un 269 %.
