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El Congreso de Brasil anuló el jueves un veto del presidente Luis Inácio Lula da Silva para poder restaurar un proyecto de ley que suprime protecciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La decisión abre una nueva batalla entre los legisladores y el máximo tribunal del país.
Tanto los diputados como los senadores federales aprobaron con amplio margen apoyar una iniciativa de ley que dice que la fecha en que se promulgó la Constitución de Brasil —el 5 de octubre de 1988— es la fecha límite en la que los pueblos indígenas tenían que estar ocupando físicamente, o luchando legalmente por reocupar, un territorio para poder reclamar la asignación de tierras.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió en septiembre con 9 votos a favor y 2 en contra que esa teoría era inconstitucional. Los legisladores brasileños respondieron con un proceso acelerado para aprobar un proyecto de ley que abordaba esa parte de la legislación original, y que será válido hasta que el tribunal vuelva a examinar la cuestión.
La anulación del veto de Lula fue una victoria para los partidarios en el Congreso del expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados en la agroindustria. Varios miembros de la coalición gobernante de Lula también votaron a favor de revertir la acción del presidente.
Los partidarios del proyecto de ley argumentaron que es necesario para proporcionar seguridad jurídica a los terratenientes, y acusaron a los líderes indígenas de ejercer presión para lograr una expansión ilimitada de sus territorios.
Los grupos de defensa de los derechos indígenas afirman que el concepto de marco temporal es injusto porque no tiene en cuenta las expulsiones y desplazamientos forzados de poblaciones indígenas, en particular durante la dictadura militar brasileña de 1964 a 1985.
El grupo de derechos Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) dijo en redes sociales que llevaría el caso de nuevo al Supremo Tribunal Federal. Los legisladores de izquierda dijeron lo mismo.
“Los derrotados son los que no luchan. El Congreso aprobó la ley de marco temporal y otros crímenes contra los pueblos indígenas”, manifestó la Apib. “Seguiremos impugnando esto”.
Poco después de la votación en el Congreso, unas 300 personas protestaron frente al edificio del STF.
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