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Más de 15 millones de chilenos están convocados a las urnas este domingo para votar “a favor” o “en contra” de una nueva propuesta constitucional para reemplazar la Carta Magna vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, después de un fallido intento el año pasado.
El nuevo texto, redactado por una mayoría de constituyentes de la derecha y ultraderecha, es más conservador que el que pretende sustituir tanto en lo moral como en lo económico, ya que profundizaría en los principios del libre mercado, reduciría la intervención del Estado y podría limitar algunos derechos, como los reproductivos.
La votación tiene lugar un año después de que los chilenos rechazaron con un 62 % de los votos otro proyecto similar, entonces redactado por una constituyente con mayoría de izquierdas, que muchos calificaron como una de las iniciativas constitucionales más progresistas del mundo.
Sea cual sea el resultado del plebiscito, todo aparenta que será el fin de un proceso que inició después del estallido social de 2019, donde miles de chilenos tomaron las calles para demandar mejores pensiones, salud, y educación y acabar con las desigualdades, unas protestas sin precedentes en la historia de este país sudamericano considerado una de las democracias más estables de la región.
Si los votantes rechazan el nuevo texto, seguirá en vigor el de 1980, elaborado por el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) pero que ha sido reformado hasta en 70 ocasiones.
La nueva propuesta constitucional plantea que Chile es un Estado social y democrático que “promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales” a través de instituciones públicas y privadas. Sus detractores afirman que, aunque haya libertad de elección en salud, educación o pensiones, sólo podrán escoger quienes tengan poder adquisitivo.
Los colectivos feministas y personalidades como la expresidenta Michelle Bachelet denuncian que el cambio de redacción de la nueva propuesta podría allanar el camino para derogar el aborto terapéutico en tres causales (violación, riesgo de la vida de la madre o inviabilidad del feto) que rige desde 2017. Además denuncian retrocesos en materias de servicios sociales o participación política.
La iniciativa también contiene elementos polémicos en temas como la inmigración al consagrar la expulsión de inmigrantes irregulares “lo antes posible”, la objeción de conciencia de instituciones, el derecho de huelga o la exención tributaria del pago de contribuciones de la primera vivienda.
Los partidarios del texto señalan que es un texto moderno, que consagra temas que preocupan a la ciudadanía como la seguridad o las libertades y que dará certeza al país para salir de un largo período de incertidumbre.
El segundo proceso constitucional ha estado marcado, al contrario del primero, por la desafección, apatía y poca participación de la ciudadanía, que le ha dado la espalda, en parte por el golpe que implicó el fracaso del primero entre los más progresistas pero, sobre todo, por el agotamiento que enfrenta la ciudadanía después de 10 procesos electorales en menos de dos años y medio.
Se imponga el resultado que se imponga el oficialismo no tendrá mucho que celebrar y si gana el rechazo el presidente Gabriel Boric, y también varios partidos políticos han asegurado que no impulsarán un tercer intento constitucional.
Las últimas encuestas daban una ventaja al rechazo al texto, la opción promovida por el oficialismo, unos ocho puntos por delante de quienes la apoyan, los grupos de oposición. Pero en todos los sondeos la diferencia se ha ido estrechando en las últimas semanas con un significativo número de indecisos o con opinión cambiante, con lo que existe mucha incertidumbre ante los resultados.
La actualidad noticiosa en una semana poco afortunada para el gobierno podría también impactar los resultados.
El miércoles se conoció la detención y encarcelamiento de los dos protagonistas acusados de un caso de corrupción que involucra a un partido de la coalición oficialista. Al día siguiente fue detenida por secuestro una persona que previamente había sido indultada por el presidente.
Y el sábado, una balacera en un centro comercial de un barrio de clase media de la capital que no registró víctimas fue el ejemplo más reciente de uno de los temas que más preocupan a los chilenos, la seguridad.
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