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La ciudad de Nueva York está demandando a más de una docena de empresas de autobuses chárter por su papel en la operación del gobernador de Texas, Greg Abbott, para enviar decenas de miles de migrantes a áreas urbanas.
La demanda afirma que las 17 compañías de autobuses «implementaron a sabiendas» el plan de transporte de Abbott en violación de una ley de Nueva York que establece límites al traslado de «personas necesitadas» a través de las fronteras estatales. Pide más de 700 millones de dólares en daños para recuperar el costo de cuidar a unos 33.000 migrantes que han llegado a la ciudad en autobuses chárter desde abril de 2022.
Presentada ante un tribunal estatal el jueves, la demanda marca el último esfuerzo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, un demócrata moderado, para hacer retroceder los autobuses llenos de inmigrantes enviados desde Texas cada día. Abbott, un republicano, ha dicho que su objetivo es llamar la atención sobre la política fronteriza del presidente Joe Biden.
Después de que 14 autobuses llegaran a la ciudad el mes pasado, Adams anunció una orden ejecutiva que restringía cuándo los autobuses podían dejar a los pasajeros y requería un aviso previo de su llegada. A los pocos días, muchas de las empresas comenzaron a dejar inmigrantes en pueblos aledaños a la ciudad de Nueva York, lo que provocó la ira de los funcionarios locales.
Algunas de las compañías de autobuses parecieron tomarse por sorpresa ante la última demanda. «No hacemos políticas», dijo David Jones, empleado de Buckeye Coach LLC, una de las compañías chárter nombradas en la demanda. «Somos sólo una empresa de transporte».
El reciente enfoque en las compañías de autobuses, dijo la administración Adams, fue impulsado en parte por las protecciones legales otorgadas al estado de Texas bajo una doctrina conocida como inmunidad soberana. Una consulta enviada por correo electrónico a Abbott no fue respondida de inmediato.
La demanda se basa en una disposición de la ley de Nueva York que se aplica al traslado de “mala fe” de personas a través de fronteras estatales. Según la ley, cualquier persona que “a sabiendas traiga o haga traer a una persona necesitada de fuera del estado a este estado con el fin de convertirla en una carga pública” está obligada a hacerse cargo de los gastos de esa persona o sacarlos del estado.
Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración, describió la acción legal como una distracción de los problemas más importantes que enfrenta la ciudad mientras busca atender a los inmigrantes recién llegados.
“Esta demanda es una forma más que tiene el alcalde de convertir a otra persona en chivo expiatorio por su falta de gestión de la situación”, afirmó Awawdeh. «Necesita dejar de tomar páginas del manual del gobernador Abbott y dar un paso al frente y liderar la ciudad de Nueva York».
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