Venezuela entra en la lista de vigilancia de DD HH mientras se intensifica la represión

El CIVICUS Monitor ha incluido a Venezuela en su lista de países bajo vigilancia debido a un reciente y rápido deterioro de las libertades cívicas fundamentales. Ante las próximas elecciones presidenciales de 2024, el país ha experimentado un preocupante incremento de detenciones arbitrarias, acosos a activistas y la propuesta de leyes restrictivas para socavar aún más las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Diversos acontecimientos inquietantes ejemplifican el cierre sistemático del espacio cívico en Venezuela, como la detención arbitraria y desaparición forzada de la destacada activista de derechos humanos Rocío San Miguel y de algunos miembros de su familia. San Miguel ha sido acusada de traición, conspiración, terrorismo y asociación, convirtiéndose en un ejemplo de las tácticas empleadas por el gobierno para silenciar a la disidencia política. A pesar de la falta de pruebas en su contra, San Miguel permanece detenida por su presunta participación en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.

La instrumentalización de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración por parte del gobierno de Maduro se ha vuelto algo común. Además, existen otros casos preocupantes, como los de la periodista Sebastiana Barráez y la abogada de derechos humanos Tamara Suju, quienes han recibido órdenes de detención por parte de la Fiscalía General en enero de 2024.

Al mismo tiempo, el gobierno venezolano ha intensificado la represión contra las organizaciones de la sociedad civil mediante la aprobación de leyes restrictivas y la suspensión de las actividades de organismos internacionales críticos con su labor. La suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 15 de febrero de 2024 es un claro ejemplo de la voluntad del gobierno de reprimir la disidencia incluso a nivel internacional. Esta decisión se tomó en respuesta a la preocupación expresada por el Alto Comisionado en relación al uso de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en el país.

«Andrea Santacruz, miembro de la junta directiva de la organización nacional Civilis Derechos Humanos, señaló: ‘Las recientes acciones del gobierno para arrestar a periodistas, activistas y personal directivo de las organizaciones de la sociedad civil bajo acusaciones dudosas demuestran un flagrante incumplimiento de las libertades cívicas y el Estado de Derecho’». Además, agregó que la estigmatización de los defensores de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil agrava el clima de miedo y autocensura, sofocando la disidencia y la participación democrática.

La última Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor se presenta coincidiendo con la 55ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y destaca cinco países que experimentan un notable retroceso en sus libertades cívicas. Además de Venezuela, Kirguistán, Palestina, Pakistán y Senegal también se incluyen en esta lista.

Actualmente, el CIVICUS Monitor califica el espacio cívico de Venezuela como «cerrado», la calificación más baja que puede recibir un país. Después de haber descendido a la categoría de «represivo» en diciembre de 2023, Venezuela tiene la peor calificación en América del Sur.

Con el objetivo de restringir aún más las actividades de la sociedad civil, se están promoviendo proyectos de ley como la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines», que otorgan amplios poderes al gobierno para supervisar y sancionar a estas organizaciones, lo cual representa una importante amenaza para su independencia y autonomía.

La libertad de expresión y de prensa también enfrentan desafíos significativos. Periodistas como Carlos Julio Rojas y Luis López han sido objeto de intimidación y acoso por su labor periodística. Además, se han reportado amenazas en línea, vigilancia y otras violaciones cometidas por agentes del Estado. También se han documentado numerosas violaciones de la libertad de prensa durante elecciones primarias, referendos y otros actos clave de participación pública, así como cierres arbitrarios de estaciones de radio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), lo que destaca los obstáculos a la libertad de los medios de comunicación en el país.