Parlamento venezolano avanza proyecto de ley contra el fascismo que prohíbe mensajes de violencia como método de acción política

El Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política y contempla sanciones penales y administrativas.

Los analistas coinciden en que se trata de una propuesta que buscaría aumentar “el miedo y la represión” entre la disidencia y justificar acciones gubernamentales contra quienes opinen distinto o se enfrenten al chavismo.

El Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, presentado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, surgió para complementar la Ley contra el Odio aprobada en 2017, y atender las “expresiones y acciones” de partidos y organizaciones que en los últimos 25 años han actuado con “tilde fascista”, dijo.

El proyecto de 4 capítulos y 30 artículos contempla “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica” en el país. Prohíbe la difusión de mensajes que promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia y la constitución de organizaciones que hagan apología o se fundamenten en el fascismo.

“Se consagran un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, creando especies penales muy especiales y para esta materia y creando e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas”, precisó Rodríguez el martes al presentar el contenido de la ley en el Parlamento.

Aunque no ofreció detalles, Rodríguez aseguró que el proyecto de ley contiene un capítulo especial para las redes sociales.

El proyecto de ley define al fascismo como una postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y/o promueve la supresión de derechos y garantías.

“Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano”, manifestó Rodríguez.

Durante la presentación, Rodríguez afirmó que sectores de la oposición que han pedido sanciones para Venezuela y han “desconocido” la institucionalidad democrática, pretenden “asaltar” el poder político “presentándose en forma de farsa» en las elecciones presidenciales.

“Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia”, manifestó Rodríguez, en alusión a la frase que la líder opositora, María Corina Machado, pronuncia en sus discursos.

El presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato en las elecciones del 28 de julio en medio de incertidumbres sobre quién será el candidato de la coalición de partidos opositores ante la imposibilidad de que participe Machado, ganadora presidencial de la primaria de la oposición, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La Plataforma Unitaria nombró como candidata sustituta a Corina Yoris, una filósofa de 80 años, pero no logró inscribirla ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, han afirmado que intentarán registrar a la candidata de consenso en sustitución del diplomático, Edmundo González, quien logró ser inscrito por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una de las dos tarjetas con las que la oposición podía postular candidatos.

En días recientes Maduro anunció la creación de una comisión contra el fascismo y el neofascismo para presentar ante el Parlamento el proyecto de ley, por hechos violentos registrados en el país en los años 2014, 2015 y 2017, cuando se registraron protestas antigubernamentales.

La Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra investigando presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.

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