La ley nazi de Maduro

Lo estipulado por la legislación contra el fascismo es totalmente tomados por los pelos. Pero no por eso deja de ser peligroso. El artículo 4 de este bodrio jurídico describe el “neoliberalismo” y el “conservadurismo moral” como rasgos comunes del fascismo, proscribiendo estas tendencias ideológicas del espectro político venezolano. Es decir, quienes se atrevan a defender ideas de este estilo, podrían enfrentarse a hasta 12 años de prisión. Sin embargo, las sanciones no se limitan únicamente al ámbito ideológico, ya que los artículos 14, 15 y 17 establecen fuertes regulaciones para las organizaciones de la sociedad civil como ONG, sindicatos, gremios, entre otros.

Por si fuera poco, en uno de los artículos se pone en jaque el derecho a la protesta y manifestación pacífica, al contemplar poderes especiales para la fiscalía de Maduro, con el fin último de aplicar medidas de carácter judicial contra actividades que promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares, así como suspender convocatorias y manifestaciones relacionadas.

La ley crea una Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones, la cual será designada y regulada por el propio Nicolás Maduro. El hecho de que este órgano dependa financiera y administrativamente de quien ejerce la presidencia, nos permite advertir sobre las posibles decisiones que pueden adoptar para silenciar, asfixiar y perseguir cualquier expresión de disidencia.

En vísperas del proceso electoral que se avecina y del clima de represión impuesto por Maduro, con detenciones arbitrarias de miembros del equipo de María Corina Machado, bloqueo de candidaturas e inhabilitación sin ningún tipo de justificación, esta ley viene a abonar en un terreno muy peligroso. Por eso, es necesario que la comunidad internacional en su conjunto, gobiernos y organismos multilaterales, le exijan a Maduro que derogue esta iniciativa, la cual solo persigue incrementar el miedo, la persecución y el asedio contra los venezolanos.

El miedo que enfrenta el dictador Maduro a dejar el poder, lo lleva a cometer este y otros disparates. Bloquearon la candidatura de Corina Yoris, quien fue la abanderada de la Unidad y de María Corina Machado, luego de que esta última se le impidiera inscribirse por una írrita inhabilitación. No han cesado su persecución contra el comando de campaña de María Corina y los partidos de la Unidad. Están secuestrando el derecho a elegir y ser elegido, y ahora quieren etiquetar a todo disidente de fascista para aplicarles una ley retrógrada y criminal.

Aunque la reacción internacional al bloqueo de candidaturas ha sido importante, especialmente los pronunciamientos de los gobiernos de Brasil y Colombia, aún resulta insuficiente para lograr que las elecciones se celebren con las garantías mínimas de un proceso competitivo. Aún la oposición democrática, encabezada por María Corina, no ha podido inscribir un candidato o candidata porque el régimen exige que pase su filtro, es decir, Maduro está decidiendo unilateralmente quiénes pueden o no ser candidato. Esto es inaceptable y requiere una reacción aún más enérgica, por eso esperamos que Europa, Estados Unidos y la región presionen al dictador Maduro para que permita que haya un candidato, unas garantías y un proceso electoral libre.