familiares del equipo periodístico asesinado denuncian mutilaciones en expediente reservado

Los familiares de los tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio que fueron asesinados en una cobertura en la frontera con Colombia esperaron seis años para que el gobierno de Ecuador les entregara información reservada sobre lo que realmente sucedió. Tras recibirla, denunciaron el viernes que el expediente tiene “mutilaciones” e “inconsistencias”.

El gobierno del presidente Daniel Noboa entregó la semana pasada, acatando una orden de la Corte Constitucional, una carpeta de documentación a los parientes del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que fueron asesinados en 2018 en una zona selvática del norte del país donde cubrían información de violencia.

Los dos gobiernos anteriores, el de Lenín Moreno (2017-2021), bajo cuyo mandato ocurrió el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, y el de Guillermo Lasso (2021-2023) mantuvieron la información bajo reserva.

Pero en las actas recibidas, según los familiares, “no hay un informe de cuándo les mataron, por qué les mataron, aquí no hay nada de eso”, reprochó Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, durante una presentación ante la prensa que convocaron el viernes para dar a conocer las novedades del expediente.

Hay saltos de hasta 17 páginas y “solo desclasifican cuatro líneas”, reclamó Rivas. “No hay firmas, no hay resoluciones, hay cortes de página” y, reiteró, existen diferencias entre las actas y los audios de las sesiones del Consejo de Seguridad. Además, faltan las transcripciones de las reuniones, como dispuso la sentencia de la Corte.

“Estaban más preocupados en justificar sus acciones antes de ver lo que realmente sucedió”, enfatizó.

El caso conmocionó al país y al mundo que presionaba a las autoridades para que los trabajadores fueran rescatados con vida, Diariamente, periodistas, familiares y ciudadanos se manifestaban mediante vigilias y marchas bajo la consigna de “nos faltan tres”.

El 3 de abril de 2018 se difundió un video con un mensaje de los tres trabajadores como prueba de vida, pero el 13 de abril, las autoridades de Ecuador confirmaron su asesinato. En junio de 2018, los cuerpos fueron encontrados en Tumaco, Colombia, en la frontera con Ecuador y, tras verificar la identidad, fueron devueltos a Ecuador y entregados a sus familiares.

El frente Óliver Sinisterra, una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se atribuyó el secuestro en un intento de presionar a las autoridades ecuatorianas a realizar un canje por hombres de sus filas presos en el país andino. También el posterior asesinato en suelo colombiano.

Su líder, Patricio Arízala, alias “Guacho”, fue abatido en diciembre de ese año durante un operativo de las fuerzas de seguridad colombiana.

Durante dos horas, el hermano del fotógrafo expuso el viernes el contenido de las actas del Consejo de Seguridad ecuatoriano de marzo y abril de 2018, a las que accedieron por disposición de la Corte en un fallo del mes pasado.

También leyó el extracto de un diálogo recogido en la documentación: “Lo que pide Guacho es incumplible, cómo nos va a pedir que se retire el Estado (de la zona de frontera), es incumplible ”. Sin embargo, el acta no señala quién está hablando, se quejó Rivas. Y dijo que luego de esta mención, se solicita dar un curso de acreditación para periodistas en zonas de conflicto.

Para el hermano del fotógrafo asesinado, las “inconsistencias” y “contradicciones” de la documentación sustentan su teoría de que el asesinato de los trabajadores del diario habría ocurrido antes de la fecha en la que el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno lo admitió, el 13 de abril de 2018. Fueron secuestrados el 26 de marzo de ese año.

“Hay un cinismo total, después de no haber tratado ni negociado nada”, agregó.

Mauricio Alarcón, quien integra el equipo jurídico de los familiares, manifestó que “la sentencia no ha sido cumplida” por lo que presentarán un informe a la Corte Constitucional sobre los “faltantes y mutilaciones” de las actas donde no existen “elementos tan básicos en un documento de Estado” como la firma de los participantes. La información también se entregará a la Fiscalía.

Los familiares del equipo de diario El Comercio sostienen que hay una “responsabilidad estatal” en su muerte, algo que deberá determinarlo el Ministerio Público. De ahí que sea relevante la información que se pidió desclasificar para establecer las acciones u omisiones de las autoridades de turno, señalaron.

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