Comisión de Asamblea de Ecuador tramitará cambios de leyes propuestos en consulta popular

La Asamblea de Ecuador conformó el martes una comisión especial que tramitará cinco proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y que surgieron tras una consulta popular vinculados con el endurecimiento de las políticas contra el crimen organizado y la delincuencia, que en los últimos años han desencadenado una espiral de violencia en el país.

La comisión está compuesta por cinco legisladores, uno por cada bancada política, y tiene un plazo de 60 días para dar trámite a esos proyectos.

La legisladora independiente Lucía Posso, integrante de la comisión, dijo en declaraciones a periodistas que “no es imposible hacerlo» en el plazo previsto.

Añadió que no hay nada que incorporar a las propuestas del Ejecutivo y advirtió que no se permitirá “que haya alguna intromisión de temas que no fueron parte” de lo que los ecuatorianos aprobaron en la consulta popular. “No hay nada que inventar sino obedecer al mandato popular”, agregó.

El 21 de mayo los ecuatorianos, convocados por el presidente Daniel Noboa, acudieron a las urnas para pronunciarse en una consulta popular que fue presentada por el gobierno como un respuesta a la incontenible ola de violencia desatada por bandas criminales asociadas con el narcotráfico y con nexos con cárteles de Colombia y México, según las autoridades.

Las propuestas del Ejecutivo buscan aumentar las penas a delitos como terrorismo, delincuencia organizada, sicariato, asesinato, producción y tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, trata de personas, secuestro extorsivo, lavado de activos y actividades ilícitas con recursos minerales.

Otro de los temas aprobados por la ciudadanía es la disposición de que los presos cumplan la totalidad de las penas dentro de los centros carcelarios, que el porte de municiones o armas sin permiso sea considerado delito y que las armas y municiones incautadas pasen de inmediato a manos de las Fuerzas Armadas y la policía.

Desde 2021 en Ecuador se han registrado brutales masacres entre presos en medio de motines en las prisiones tras lo cual la violencia saltó a las calles con el imparable incremento de todo tipo de delitos, especialmente los homicidio. Según cifras de la policía, el año pasado se registraron 7.592 muertes violentas frente a las 4.426 de 2022.

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