César Pérez Vivas denunció que el Gobierno usa el Seniat para perjudicar a su familia

TalCual

El exgobernador de Táchira y excandidato a las primarias opositoras, César Pérez Vivas, denunció este jueves 27 de junio que la administración de Nicolás Maduro utiliza el Seniat para «ensañarse» con su familia, luego de que clausuraran el restaurante Plaza Real Grill desde el miércoles 26 hasta el 21 de julio, cuyos dueños son parientes del dirigente político.

A su juicio, el Ejecutivo está usando al Seniat como «garrote político»  y ratifica que quien ejerce actividades políticas es él y no sus hermanos, quienes -aseguró- se dedican a trabajar y «resistir la destrucción creada por el socialismo del siglo XXI, generando empleo y bienestar para la sociedad tachirense».

El negocio de los familiares de Pérez Vivas se une a la lista de establecimientos cerrados por las autoridades debido a que sirvieron comida a la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y su equipo durante sus giras por el país.

La organización política Vente Venezuela denunció el miércoles 26 de junio que el restaurante «El Sabor de Mi Pueblo», ubicado en Tinaquillo, estado Cojedes, fue cerrado por funcionarios del Seniat.

A través de sus redes sociales, la tolda alertó que en ese establecimiento la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, junto a su equipo, se detuvo a comer el día martes 25 para luego seguir su recorrido hacia el estado Mérida.

Con cierres de locales, multas y detenciones, el gobierno nacional intenta frenar las giras de María Corina Machado y el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, por el país.

Desde que Machado comenzó sus recorridos para incentivar la participación ciudadana y promover la candidatura de González Urrutia, sus visitas han estado marcadas por el “castigo” a dueños de hoteles, restaurantes o con la retención de equipos usados en las concentraciones.

Tras el paso de los opositores, llegan los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (Seniat) con fiscalizaciones “sorpresas” o funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, según sea el caso, para ejercer acciones contra las personas que han prestado un servicio de apoyo logístico para el desarrollo de la actividad.

Las medidas, lejos de detener los recorridos de la dirigencia opositora, han generado muestras de apoyo hacia la coordinadora de Vente Venezuela.