La jueza cubana González Pedraza, quien se encuentra detenida en el centro de la Policía de Inmigración en Broward, Florida, a la espera de una audiencia de asilo político, dio su versión de los hechos a Diario de Cuba, negando participar en condenas por las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y asegurando que fue presionada para condenar a cuatro jóvenes villaclareños por motivos políticos.
«Dijo que lo habían obligado y que lo habían amenazado con llevar a prisión a su hermano, si no lo hacía, pero no dio más detalles», dijo González Pedraza sobre la condena a tres años de cárcel a Adain Barreiro Pérez.
La familia de Barreiro Pérez ha dicho a Martí Noticias que fue “torturado” para arrancarle la confesión de culpabilidad y que él lo dijo así en el tribunal sin que la jueza González Pedraza lo tuviese en cuenta.
Los jóvenes fueron acusados de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de altos funcionarios de la Policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada, provincia de Villa Clara, el 18 de noviembre de 2022.
Los otros tres jóvenes condenados fueron Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza, todos sancionados a cuatro años de prisión por el delito de atentado. Sus familiares en la isla sostienen su inocencia.
Uno de los jóvenes condenados por González Pedraza tenía aprobado un parole humanitario para viajar a EEUU pero no pudo hacerlo por encontrarse en prisión. Tras la salida de la jueza González Pedraza, los familiares apelaron la sentencia.
Cuba es un Estado donde no existen las garantías necesarias para el debido proceso, como han denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones.
«El que alegó estar en salida ilegal fue uno solo. Había un documento que decía que lo habían regresado de la salida ilegal el 30 de noviembre y el hecho tuvo lugar el 17 de noviembre. Él decía que había salido el mismo 17 y comparecieron algunos testigos que dijeron haber salido con él en esa fecha, pero la única prueba era que había entrado el 30, no cuando salió», dijo González Pedraza.
La Jueza denuncia presiones en su contra
González Pedraza dijo a Diario de Cuba que recibió una inspección entre el 18 y el 23 de abril de la presidenta del Tribunal Provincial y la presidenta de la Sala de Seguridad. “Me dieron indicaciones precisas; yo debatí que los abogados de la Defensa habían presentado un grupo de pruebas importantes, sobre todo, testigos. Pero la orden que recibí fue que las pruebas de la Fiscalía eran suficientes y tenían más valor. Había que mantener la prisión provisional y sancionarlos», dijo la jueza desde el centro de detención.
También asegura que dos oficiales de la Seguridad del Estado, a los que identifica como Yoandry Cárdenas y Osmany Castellanos, la “visitaron” en la noche para presionarla.
«Supuestamente, fueron a preguntarme cómo yo estaba, ya que habían comenzado los rumores por las redes sociales, pero también me preguntaron si ya la sentencia estaba y si yo sabía lo que tenía que hacer en ese asunto, que lo pensara bien y que pensara en las consecuencias, palabras totalmente amenazantes, incluso en presencia de mi esposo», contó.
Para ese entonces ya un disidente había expuesto el caso en las redes sociales y la familia de los acusados había subido videos en las redes sociales pidiendo su liberación. González Pedraza asegura que los agentes de la Seguridad del Estado “fueron tajantes” y le dijeron que los jóvenes debían ser sancionados.
«Finalmente, tomé el riesgo de imponer una pena inferior a la solicitada por el fiscal: tres años al que confesó y cuatro a los otros tres. Cuando en el Tribunal Provincial lo supieron, dijeron que eran penas muy benévolas, que le indicarían a la Fiscalía que apelara. No sé si lo hicieron. Dijeron que conmigo iban a hacer los análisis correspondientes de política penal, en el Consejo de Gobierno y en la Comisión de Cuadros», dijo González Pedraza.
González Pedraza asegura que le llegó el parole humanitario y se fue de Cuba tras consultarlo con su jefa -a la que no identifica-. “Fui al Tribunal Provincial y se lo conté a mi jefa, incluso antes que a mis padres. En lugar de tramitarlo con discreción, como le pedí, se lo contó a todos, para vergüenza mía. Lo informó al Tribunal Supremo y, en lugar de tramitar mi baja, me pusieron una medida de suspensión inmediata del vínculo laboral», dijo.
Sobre los jueces y fiscales cubanos pesa una orden de restricción de salida del país. González Pedraza no explicó cómo logró saltar esa prohibición para viajar a Tampa.
El proceso judicial para pedir asilo
González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, el jueves 30 de mayo en la mañana, como reportó primero Martí Noticias. Tras recibir una negativa de parole frente a un oficial de inmigración pidió asilo político y fue trasladada al Broward Transitional Center, donde tiene prevista una audiencia de asilo político para el 31 de julio.
Si la jueza logra probar que su vida corre peligro de ser devuelta a Cuba podría recibir un beneficio migratorio y quedarse en Estados Unidos. En cambio, si no lo logra puede ser deportada a la isla.
«Decido hablar en este momento, porque ya no tengo qué perder, porque ya no tengo miedo. Mi único temor hoy es regresar a Cuba”, dijo.
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