Fiscalía pide tres años de cárcel para exjefe de Odebrecht en Perú tras romper pacto de colaboración

La fiscalía peruana solicitó el miércoles tres años de cárcel preventiva para el ex director en Perú de la constructora brasileña Odebrecht tras revocar un acuerdo de colaboración que lo había convertido en testigo para los juicios por lavado de activos contra la política Keiko Fujimori y el expresidente Ollanta Humala.

En un comunicado la fiscalía dijo que incluyó como cómplice del delito de colusión agravada al brasileño Jorge Barata, un ingeniero de 61 años y exdirectivo de la constructora entre 2011 y 2016, en una investigación por un caso llamado “Gasoducto Sur Peruano”. Barata vive en Brasil, según la fiscalía.

El Ministerio Público señaló que el expresidente Humala (2006-2011) y su esposa Nadine Heredia habrían concertado con Odebrecht para defraudar al Estado peruano en la licitación de un proyecto que buscaba construir un ducto de más de 1.000 kilómetros para transportar gas natural y brindar el combustible a miles de hogares de las regiones del sur de Perú.

Hace una semana la fiscalía anunció que revocó el acuerdo de colaboración eficaz con Barata. El pacto se rompió luego de que el brasileño “incumplió su obligación de declarar” como testigo en el juicio por presunto lavado de activos contra el expresidente Humala para quien la fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel.

Barata también iba a ser presentado en otro juicio por lavado de activos contra la poderosa política Keiko Fujimori, jefa del partido conservador Fuerza Popular. La fiscalía ha solicitado 30 años de cárcel para Fujimori, quien ha perdido tres elecciones presidenciales consecutivas 2011, 2016 y 2021.

La fiscalía peruana firmó en 2019 un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht para que la constructora aporte pruebas clave para llevar a juicio a los políticos más poderosos del país andino quienes están investigados por sus presuntos nexos con la constructora que desde 2016 ha admitido que pagó millonarios sobornos en casi todo Latinoamérica para adjudicarse obras de infraestructura.

La mayoría de los presidentes que gobernaron Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con la constructora brasileña.

Alejandro Toledo (2001-2006) está detenido en una prisión tras ser extraditado de Estados Unidos, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) también tiene prohibido de abandonar el país y Alan García, quien gobernó entre 1985 y 1990 y luego entre 2006 y 2011, se suicidó en 2019 minutos antes de ser detenido mientras era investigado por supuestos sobornos recibidos de Odebrecht.

En 2019 la justicia peruana ejecutó su primera condena de ocho años de cárcel por un caso relacionado con la constructora brasileña contra el exgobernador César Álvarez por otorgar la construcción de una carretera en los Andes a esa empresa.

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