Sentencias de entre 8 y 2 años de cárcel a cubanos que protestaron en Caimanera

Seis jóvenes encausados por su participación en la protesta popular de Caimanera del 6 de mayo de 2023, recibieron sentencias de entre 8 y 2 años de prisión por manifestarse pacíficamente, confirmaron familiares a Martí Noticias.

El Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, condenó a ocho años de cárcel a Daniel Álvarez González, un año menos que los pedidos por la Fiscalía, por acusaciones de instigación a delinquir y desórdenes públicos.

Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquis González, recibieron siete y cinco años de prisión, respectivamente, por los mismos delitos.

Rodolfo Álvarez González, de 32, fue condenado a cuatro años de cárcel por desórdenes públicos y Felipe Octavio Correa Martínez, de 28 años, recibió una sentencia de dos años de privación de libertad por el delito de atentado.

El tribunal resolvió librar de culpabilidad a Yandri Pelier Matos, de 31 años, tras escuchar a testigos de la defensa que argumentaron su no participación en la protesta.

Victoria Martínez Valdivia, madre de Alarcón Martínez y Correa Martínez, dijo que los acusados recibieron una citación oficial para recoger la sentencia este martes. El documento, al que tuvo acceso Martí Noticias, esta fechado el 9 de julio pasado.

La madre de dos de los manifestantes dijo que los familiares no esperaban sentencias tan severas, luego de que las autoridades habían decidido mantener fuera de prisión durante casi un año a cuatro de los encausados.

«En menos de cinco minutos sacaron a los muchachos esposados, tipo animales, los impulsaron para dentro de la maquinita. A mí, como madre, no me dieron la oportunidad, a pesar de que la rogué (…) de que me dejaran darle un beso a mi hijo (Felipe Octavio Correa Martínez), y un pan, que no había desayunado, y me lo negaron».

El joven padece de discapacidad mental. Tras 25 días detenido, las autoridades lo liberaron y pasó a prisión domiciliar, a espera de la sentencia firme. «Cuando se vio con las esposas puestas le dio por llorar y llorar, como un niño de cinco años», señaló la madre.

Martínez Valdivia dijo que las autoridades no dieron ningún tipo de explicación, solo les entregaron copia de la sentencia y les dijeron que si querían, apelaran la decisión del tribunal. Los familiares de los encausados tienen 10 días hábiles para iniciar ese proceso.

La mujer dijo que según lo que leyó en la sentencia, y lo que acontenció en el tribunal el día de la audiencia, el juicio que se hizo a los jóvenes fue «falso». Argumentó que las declaraciones de los testigos no aparecen registradas en el documento.

Puso de ejemplo el caso de uno de sus hijos, Felipe Octavio Correa Martínez, en el que el testigo de la fiscalía se retractó en el juicio de la acusación de agresión, y dijo que el joven nunca le rompió el bolsillo de la camisa, solo le pidió que no golpearan a su hermano.

Añadió que el testimonio escrito de dos de los testigos de la defensa no fue aceptado por el juez, mientras que las declaraciones de una funcionaria del gobierno, testigo de la fiscalía que «no dio la cara», fue aceptado.

«Por eso digo que este juicio ya estaba pronosticado. Este juicio ya estaba hecho. Para mí fue una pantalla», concluyó la madre de los manifestantes.

El día de la protesta, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera, límitrofe con la Base Naval estadounidense en Guantánamo, para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”, entre otras consignas.

Las autoridades reprimieron a los manifestantes con violencia, desplegaron efectivos de las tropas especiales del Ejército, y cortaron el acceso a internet en casi todo el país para evitar la divulgación de lo ocurrido en las redes sociales.

Organizaciones internacionales, gobiernos democráticos y personalidades políticas condenaron la represión y el encarcelamiento de los jóvenes manifestantes de Caimanera, y exigieron su liberación al régimen de La Habana.