Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela inicia peritaje formal a los resultados electorales

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó que, una vez culminada la fase de recolección del material probatorio, se inicia el peritaje formal a los resultados electorales de los comicios presidenciales del 28 de julio, solicitado por el presidente Nicolás Maduro, un recurso que ha sido cuestionado por observadores extranjeros que dudan de la independencia del organismo.

La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, anunció en una rueda de prensa el fin de semana que tras la comparecencia de los actores convocados y “recolectados los instrumentos electorales”, los magistrados de la sala electoral “se abocan al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio consignado en físico y/o digital”.

El Tribunal Supremo tramita un recurso contencioso electoral presentado por Maduro sobre los resultados oficiales que son cuestionados por la oposición, que sostiene que triunfó el candidato unitario, Edmundo González Urrutia, mientras el oficialismo acusa a la coalición de querer desconocer su victoria decretada por la autoridad electoral.

Aunque en esta ocasión Rodríguez no mencionó el tiempo que llevará la etapa de evaluación, el 5 de agosto dijo que la sala “inicia peritaje del material consignado por un lapso de hasta 15 días prorrogables”. La sentencia que se emita tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable y de “obligatorio acatamiento”, señaló.

El Centro Carter, que fue invitado por el organismo electoral venezolano a observar los comicios del 28 de julio en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, había cuestionado la independencia del eventual análisis del tribunal. Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela, dijo en entrevista telefónica con The Associated Press que “no es una evaluación independiente”.

El Centro Carter aseguró anteriormente que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de Venezuela y señaló la “ausencia de transparencia” del organismo electoral en la difusión de los resultados.

Según el Consejo Nacional Electoral, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos y González 5,3 millones, aunque hasta el momento no ha hecho públicas las actas del escrutinio pese a las exigencias de la comunidad internacional. Mientras que la oposición afirma haber recopilado el 83 % de las actas que señalan que su candidato González alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.

Rodríguez dejó constancia que, de los 10 candidatos convocados a la instancia judicial, y otros 38 representantes políticos, el postulante de la oposición, González Urrutia, no acudió al llamado por lo que “no cumplió con la orden de citación desacatando con su inacción el mandato de ésta». No se refirió a las posibles consecuencias que ello acarreará.

La titular del Tribunal Supremo agregó que González Urrutia no consignó las actas de escrutinio, listado de testigos y material alguno, y que si bien los representantes de los tres partidos que lo postularon atendieron la cita del Tribunal, tampoco aportaron material electoral alguno que pudiera ser evaluado como prueba de sus denuncias de irregularidades en los resultados de los comicios.

“No les quepa la menor duda que impartiremos justicia”, atendiendo a la Constitución y las leyes vigentes, dijo la magistrada.

Maduro compareció la víspera ante ese tribunal y dijo que respondió el interrogatorio que se le hizo “de manera legal”.

María Corina Machado, líder de la oposición, aseguró el sábado en su cuenta en la red social X que “nosotros ganamos, todos lo saben y tenemos las actas para demostrarlo”. Horas después, convocó a una “gran protesta mundial» para el sábado 17 de agosto, en donde los venezolanos en cualquier parte del mundo se unirán “para alzar la voz por la verdad”, escribió en la misma red.

La coalición opositora ha expresado también su desconfianza en la acción del Tribunal Supremo al que considera cercano al régimen.

Más tarde, González Urrutia, en un mensaje difundido por X, llamó a Maduro a “detener la violencia, las persecuciones” y pidió la liberación inmediata de los “detenidos arbitrariamente”. Aseguró que protestar pacíficamente “no es un delito”, como sí lo es el no aceptar la voluntad popular, dijo.

“Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes», continuó el exdiplomático y contendiente de Maduro, a quien le instó a aceptar “lo expresado por nuestro pueblo”. A sus connacionales les aseguró que sigue al lado del pueblo “defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz”.

Venezuela quedó sumida en una crisis política tras las elecciones presidenciales que se reflejó en protestas callejeras. Las fuerzas del orden del país sudamericano han detenidos a 1.303 ciudadanos, según el último registro del organismo de defensa de derechos venezolano, Foro Penal, a los que la Fiscalía acusa de propiciar actos violentos y “terroristas”. En declaraciones públicas una semana atrás, el presidente Maduro mencionó una cifra de 2.000 arrestados.

La comunidad internacional y organismos de defensa de los derechos humanos han condenado y solicitado la libertad de los detenidos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas pidió la víspera, a través de su portavoz, Liz Throssell, la liberación de los apresados “arbitrariamente de inmediato”, y reiteró el derecho de todas las personas a protestar pacíficamente y expresar su pensamiento “libremente y sin miedo”.

Mientras tanto, el canciller colombiano Luis Murillo afirmó el sábado en declaraciones a la radio W Radio que los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador, mantendrán la próxima semana una reunión virtual con Maduro, como parte de una gestión diplomática para superar la crisis.

Murillo precisó que se trata de una primera conversación y que, de aceptarse una “mediación”, se tendrá que dialogar con todos los actores. La posición del grupo que realiza la “gestión diplomática, dijo, es “que se disipe cualquier duda, que se avance en poder tener los niveles de garantías y credibilidad en este proceso”.

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