Nuevas regulaciones en Cuba abren la puerta a injerencia estatal en el sector privado

El gobierno ha dicho que las nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba buscan garantizar una gestión más ordenada y armónica de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pero economistas alertan sobre la injerencia estatal para controlar cada vez más esta actividad económica.

Para el economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, residente en La Habana, el hecho de que ahora se permitan nuevas Mipymes financiadas por «organizaciones políticas y de masas», sugiere una posible injerencia del Estado en el sector privado.

Con el nuevo decreto, publicado este lunes en la Gaceta Oficial, las Mipymes podrán ser «de propiedad estatal, privada, mixta o de las organizaciones políticas, de masas y sociales».

Estas organizaciones, que las autoridades cubanas identifican como no gubernamentales, y entre las que se cuentan los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, son apadrinadas y controladas por el Partido Comunista de Cuba y se sostienen gracias al presupuesto estatal.

Las nuevas regulaciones también establecen que las Mipymes, tanto las nuevas como las ya existentes, deben crear una “reserva voluntaria” para apoyar a sectores vulnerables en su entorno, lo que, en opinión de González Pita, podría convertirse en una carga adicional para estos negocios.

Las autoridades han dicho, por ejemplo, que a mediano plazo se espera una reducción significativa en la libreta de abastecimiento y la canasta familiar normada, desplazando parte de esa responsabilidad a las Mipymes a través de estas reservas “voluntarias entre comillas”, subrayó el experto.

Anthony, el encargado de una Mipyme en Matanzas, se mostró más complacido con las nuevas reglas. El emprendedor dijo a Martí Noticias que es positivo el paso de trasladar los trámites para abrir una nueva empresa al nivel municipal y señaló que “no existe, en ninguna parte del mundo, una medida que sea beneficiosa para todos”.

Oniel Díaz Castellanos, cofundador de la empresa de servicios corporativos Auge, con sede en La Habana, coincidió con Anthony en que una de las principales modificaciones es el traslado del proceso de aprobación de Mipymes hacia los municipios. En un post en Facebook, indicó además que como requisito se exige ahora que los socios sean residentes efectivos en Cuba, es decir, que permanezcan al menos 180 días al año en la isla.

Entre otras obligaciones, el decreto establece que las Mipymes deben comercializar sus bienes y servicios en moneda nacional, con excepciones limitadas según la legislación vigente. Otra de las medidas es que los trabajadores por cuenta propia que actualmente realizan actividades de comercialización mayorista verán restringidas sus operaciones únicamente al ámbito minorista.

También se ha actualizado el listado de actividades prohibidas para las Mipymes, que deja fuera a más de 100 tipos de negocios.

Por otro lado, Rodríguez Pita lamentó la prohibición de realizar cursos, talleres e intercambios de buenas prácticas entre emprendedores, un espacio que, señaló, hasta ahora había sido fundamental para la creación de redes de colaboración en el sector.

El especialista en gestión privada indicó que, con las nuevas normas, aquellos cuentapropistas que generen ingresos superiores a los 500 mil pesos estarán obligados a llevar una contabilidad detallada de sus operaciones, lo que representa un desafío adicional para muchos de estos pequeños empresarios.

El experto consideró que el crecimiento del sector privado en Cuba sigue viéndose limitado por las políticas del gobierno.