Proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN vive su peor crisis

Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesan el momento más crítico desde que comenzó la negociación entre ambas partes y así lo ha reconocido el alto comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño.

La Voz de América habló con analistas sobre si esta nueva crisis, que ha llevado al proceso de paz a una especie de punto muerto, podría poner en riesgo la continuidad de los diálogos y cuál podría ser la salida a este estancamiento.

A las tensiones, que se han incrementado desde hace meses, se sumó el paro armado decretado por la guerrilla en el departamento del Chocó (en el oeste del país), que provocó la muerte de un bebé indígena que no pudo ser trasladado a un hospital.

Aunque el grupo levantó la medida el 19 de agosto, la decisión profundizó las fricciones.

Para el profesor de la Universidad del Norte y analista político Luis Fernando Trejos, a pesar de las profundas divergencias entre las partes, por ahora “está claro que ninguno va a romper la mesa” porque “no están dispuestos a asumir el costo político”.

“Lo que se viene es un período de mucha incertidumbre y de estancamiento de las negociaciones, porque ninguno va a asumir la responsabilidad histórica de levantarse de una mesa y ser calificado como el que renunció a la búsqueda de la paz», explicó Trejos a la VOA.

«Lo que debe hacer el gobierno es mantener el equipo negociador y activar toda la estrategia de seguridad contra el ELN. Eso nos lleva a un escenario de negociar en medio de la guerra, dejando la puerta abierta para seguir negociando”, añadió.

Otro de los principales puntos de fricción es la exigencia del ELN al gobierno de retirarlos de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO), la forma en que el Estado califica a las organizaciones ilegales de alto impacto, como una condición para volver a la mesa.

En ese sentido, apunta Andrés Nieto, analista político e investigador sobre seguridad de la Universidad Central de Bogotá, que es “imposible” que en el corto plazo el gobierno acceda a sacar a la guerrilla de la lista de Grupos Armados Organizados.

“El gobierno colombiano, por medio de las fuerzas armadas, clasifica a los grupos armados en seis tipologías, y el ELN tiene la categoría más alta al considerarse uno de los grupos de mayor riesgo», comentó Nieto a la VOA.

«Esto no solo repercute en la acción local, sino también en cuanto a los tratados contra el terrorismo y los grupos organizados a nivel internacional. Lo que pide el ELN es que se le saque de esa lista, y eso no se hace a través de una resolución, sino que requiere de un trámite más riguroso”, agregó.

A esta exigencia se sumó la petición de un fondo económico para financiarse a cambio de dejar el secuestro extorsivo y la suspensión de los acercamientos de paz que el ejecutivo mantiene con el Frente Comuneros del Sur, una estructura que se separó de la dirección nacional del ELN y que opera en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

“Yo creo que el ELN ya tiene razones por las cuales va a seguir justificando el congelamiento de los diálogos, alegando que el gobierno no ha cumplido con lo pactado», señaló el analista.

«Puede ser que el ELN sienta que ya ganó lo que podía ganar en esta mesa y esté esperando los resultados de las elecciones de 2026 para poder sentarse con el próximo gobierno, pero ya no desde cero, sino llevándose todo un acumulado de lo que logró acordar con la administración Petro”.

El gobierno ha señalado al ELN por mantener acciones armadas en varias regiones del país y de incumplir los acuerdos firmados. Por su parte, el ELN acusa al gobierno de no garantizar las condiciones adecuadas para continuar con las conversaciones.

En este punto, dice el analista Trejos, este escenario podría generar un mecanismo de presión por parte de la guerrilla hacia el gobierno, como ya ha ocurrido en procesos anteriores.

“Hay antecedentes históricos: en 2018, antes de iniciar un ciclo de negociación, la guerrilla atacó una estación de policía en Barranquilla, y en enero de 2019, también esperando el inicio de los diálogos, el ELN cometió un atentado terrorista en Bogotá. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, no se puede descartar que el grupo trate de presionar al gobierno con alguna acción de este tipo”, apuntó Trejos.

Finalmente, los analistas coinciden en que, aunque es incierto el camino que podría tomar el proceso, los tiempos para lograr una solución pacífica al conflicto no son “los mismos” entre la guerrilla y el ejecutivo, al tratarse de un grupo armado que “lleva 60 años en armas”.

“Ya les pasó con Duque, ellos esperaron cuatro años para poder sentarse en una mesa de conversaciones, dejaron a su comandancia bloqueada en Cuba hasta que llegara un próximo gobierno y volvieron a negociar. Entonces, ellos no tienen el mismo afán por lograr un acuerdo de paz que nosotros”, concluyó Trejos.

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