El preso político Yosandri Mulet Almarales, de 38 años, murió este lunes en el hospital capitalino Julio Trigo, luego de que saltara al vacío el pasado viernes desde el Puente de Calabazar, cercano a su residencia en La Habana.
Por tres días agonizó en la unidad de terapia intensiva del centro hospitalario, confirmó Martí Noticias con fuentes familiares.
Mulet Almarales fue sancionado a diez años de privación de libertad por el delito de sedición tras participar en las protestas del 12 de julio de 2021 en la barriada La Güinera.
La petición fiscal lo acusó de «acatar las reiteradas exhortaciones divulgadas por las redes sociales que incitaban al pueblo de Cuba a manifestarse, violenta y simultáneamente, en diferentes localidades y desconocer la autoridad de instituciones estatales cubanas, con el propósito de alterar el orden socialista».
“Él iba con su tío, Jacinto Lebeque, para el campamento correccional pues debía regresar ese viernes de su pase. El tío se quedó conversando con un amigo y él continuó caminando. Cuando fue a buscarlo, no lo encontró. Entonces viró para la casa a ver si estaba acá, pero no. Luego, se enteró que se había tirado un muchacho del puente y era él. Pero él ya tenía en su mente, suicidarse. Él no quería estar preso. Estaba muy alterado, dejó la merienda y otras cosas que debía llevarse”, relató a Martí Noticias su tía política Idalmis Salazar González.
Según el testimonio de sus familiares, el joven padecía trastornos mentales y antes, en junio de 2022, había hecho otro intento de suicidio en la prisión Combinado del Este, donde estaba recluido. Después del suicidio fallido, las autoridades judiciales se negaron a otorgarle una licencia extrapenal y en su lugar, lo pasaron a un régimen menos severo en el Campamento de Trabajo Forzado “Toledo”, en el municipio Marianao, donde tenía derecho a breves estancias en su hogar.
La organización Justicia 11J incluyó a Mulet Almarales en un listado de personas en condición de vulnerabilidad en prisión después que intentara quitarse la vida por primera vez, en el Combinado del Este.
Los padres, María Antonia Almarales y Roberto Mulet, presentaron, hace unos meses, una segunda solicitud de licencia extrapenal que fue denegada por la fiscalía de acuerdo al criterio emitido por el Instituto de Medicina Legal de La Habana.
“Medicina Legal dijo que él estaba apto para ir a la cárcel”, señaló la tía.
En el hospital Julio Trigo, donde estaba ingresado el preso político, había gran cantidad de agentes de la Seguridad del Estado, aseguró Salazar González.
“Estaban esperando que llegara la licencia extrapenal para informar su muerte, pero ya él estaba muerto”, consideró.
Familiares de presos políticos del 11J que sufren trastornos psiquiátricos han denunciado, en reiteradas ocasiones, ‘la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada’ en los establecimientos penitenciarios del país.
La escasez de psicofármacos en la isla no es un problema solo de las prisiones, sino que compromete el tratamiento y la estabilidad de miles de cubanos con problemas psiquiátricos.
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