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Un cubano fue condenado a 18 años de privación de libertad tras ser acusado de abusar sexualmente de un menor con disminución de la capacidad psíquica, en la provincia de Sancti Spíritus, reportó este domingo el periódico local oficialista Escambray.

El Tribunal Provincial de Sancti Spíritus condenó al agresor, de 55 años, quien “pese a conocer que era portador del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), realizó el acto sexual sin protección”, indicó la nota.

De acuerdo con la información oficial, la víctima es un adolescente que presenta una edad mental inferior a su edad cronológica y recibe tratamiento educativo en un centro de enseñanza especial. Sobre los hechos, el medio estatal reportó que ocurrieron en la vivienda de una amiga de la madre del menor, “donde este se quedaba a dormir algunos fines de semana”.

Un hermano de la inquilina fue el agresor, quien “con tratamientos lascivos a escondidas de los demás miembros del núcleo familiar” tuvo relaciones sexuales con el menor en varias oportunidades, según Escambray, que no identificó al condenado. La denuncia policial se realizó luego de que las maestras del niño conocieron lo que le sucedía. Los hechos fueron tipificados como un delito de corrupción de personas menores de edad. El medio no informó sobre la fecha de los hechos ni el tiempo que tardó la justicia en procesar la denuncia.

Las notas judiciales no son comunes en la prensa oficial cubana, donde en los últimos tiempos se han visto obligados a informar parcialmente sobre algunos crímenes de gran repercusión, ante el aumento de las denuncias en redes sociales sobre delitos violentos y sexuales, entre otros.

En la información de Escambray se responsabilizó a las familias víctimas de delitos de este tipo por un supuesto “exceso de confianza” e “ingenuidad”. Según las autoridades, se han procesado otros casos de esa naturaleza durante el 2024 en la Sala Primera de lo Penal del mencionado órgano de justicia, aunque no se precisó el total de casos.

El caso contrasta con otro reportado el pasado junio por el medio independiente Diario de Cuba según el cual Maikel Solano Arévalo, hallado culpable del delito de abusos sexuales de una menor de cuatro años, recibió una condena de tres años de trabajo correccional sin internamiento, por lo que no pasaría ni un día en prisión, según el reporte.

El Informe Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) en diciembre de 2021, indica que más de 2.140 niñas y niños fueron víctimas de presuntos abusos sexuales en 2020.

Cifras oficiales, que no pueden ser verificadas por organismos independientes, también registraron que desde 2016 hasta mayo de 2019 los abusos sexuales contra menores en Cuba crecieron en un 24 %.

“Estos son los casos denunciados, pero muchos otros quedan para siempre en el silencio”, advirtió a la prensa estatal el doctor José Manuel González Cuétara, experto en la atención a niños abusados sexualmente.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señala que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. “A pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados”, advierte la organización de la ONU.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citados por Unicef, uno de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia.

¿Cómo identificar a una posible víctima de abuso sexual infantil?

La Unicef señala en el documento “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos” que los menores que “han sido o son abusados sexualmente pueden estar aparentemente asintomáticos”.

Según el documento, “muchos (menores) muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes”.

Las manifestaciones adquieren diferentes expresiones súbitas o solapadas, como el incremento de pesadillas y problemas para dormir; conducta retraída; estallidos de angustia; ansiedad; depresión; rechazo a quedarse solos con una persona en particular y conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizados.

La Unicef especifica que los menores de tres años “pueden presentar lesiones genitales y reacciones inespecíficas que, en un principio, parecen inexplicables: irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito”.

La periodista y activista cubana Marta María Ramírez declaró a Martí Noticias que “es realmente indignante que con la falta de información oficial que hay en torno a este tema, con los silencios que ha hecho el Estado cubano sobre las violencias sexuales, y las denuncias públicas de abuelas y madres con inconformidades por el tratamiento impune que han tenido violentos sexuales contra sus hijas, fundamentalmente niñas, nuevamente se responsabilice a las familias”.

“No hay una intencionalidad de prevenir, hay una intencionalidad de seguir generando la idea de que el punitivismo es la solución de que el Estado se encarga porque castiga a los a los violentos”, afirmó.

Ramírez advierte que el tema otra vez vuelve desde una voz estatal y “el Estado se está lavando directamente las manos con lo que también en su responsabilidad”.

Además, señaló que “no se puede hacer prevención, sino no se habla del asunto y no hay un programa de educación integral dentro de las escuelas”.

La comunicadora apuntó que es importante no perder de vista «el mensaje discriminatorio», que puede impactar en personas con VIH y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

“Con la crisis humanitaria que hay en Cuba, la crisis de la institucionalidad, de gobernabilidad que vivimos, las cifras pueden ser peor, y las violencias contra las infancias pueden tardar hasta 50 años en denunciarse, o sea, 50 años para poder reconocer que pasó y lograr tener una mínima red de apoyo. Estamos viendo una punta de un iceberg, pero esa punta del iceberg está siendo muy mal contada”, concluyó Ramírez.