Policía de Nicaragua podrá intervenir llamadas telefónicas y allanar residencias sin orden judicial

Una nueva reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua presentada ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, otorgaría superpoderes a la Policía, para sobrepasar el debido proceso de investigaciones o juicios.

Eso se lograría a través de allanamientos, decomisos, sustracción de equipos electrónicos-informáticos y solicitudes de información digital, ya sean llamadas, mensajes de texto y voz, y geolocalización, sin necesidad de una orden judicial.

La propuesta de reforma a la Ley (406) del Código Procesal Penal fue anunciada este miércoles 4 de septiembre por el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por violación a los derechos humanos y se prevé sea aprobada la próxima semana.

La propuesta pretende reformar al menos ocho artículos del Código Procesal Penal bajo el alegato de combatir «la obstrucción y dilación de los procesos” judiciales contra las personas investigadas por algún delito.

Según la propuesta de reforma, en el artículo 230, la Policía Nacional recibe autoridad para requerir «información de los titulares de las líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización” entre otros.

La Policía también podrá incluso «incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores, certificados de depósito, documentos y cuentas bancarias» y «suspender operaciones o transacciones financieras» sin necesidad de informar al acusado.

Asimismo la Policía podrá a través del Instituto de Medicina Legal o personal médico o de enfermería, y con autorización judicial previa, aplicar investigaciones corporales, incluyendo exámenes de fluidos biológicos y otras intervenciones físicas que estime necesarias, sobre los acusados.

Legalizarán algo que se hace en la práctica

Expertos consultados por la Voz de América indican que una vez aprobada la propuesta de reforma en la Asamblea Nacional, se «legalizará» lo que en la práctica ya se ha aplicado contra activistas pro-derechos humanos, periodistas independientes y líderes opositores.

«Policías y oficiales de gobierno ya han venido realizando estas prácticas, violando las comunicaciones y decomisando aparatos electrónicos», dijo Yader Valdivia, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica.

Según Valdivia, los allanamientos y el decomiso de aparatos electrónicos han sido perpetrados de manera irregular durante las detenciones de presos políticos o como represalia luego de desterrarlos en los últimos seis años.

¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y al newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, X e Instagram.