medio millón de migrantes casados con ciudadanos en conteo regresivo tras pausa al ‘parole in place’

Alma Quezada, una salvadoreña que creció en Estados Unidos, saltó de alegría cuando supo que el gobierno de Joe Biden había aprobado el beneficio migratorio conocido como ‘parole in place’ y que su esposo Juan Antonio Valla, -también proveniente de la nación centroamericana-, podría por fin legalizar su estatus después de 17 años.

«Oh my God (Dios mío) yo cuando oí la noticia pues me puse muy contenta y le dije a mi esposo que iba a hacer la petición», recuerda Quezada, que de inmediato buscó información y asesoramiento legal para comenzar el trámite.

No fueron los únicos. La noticia elevó los ánimos de casi medio millón de inmigrantes sin estatus legal y casados con ciudadanos estadounidenses y cerca de 50.000 de sus hijos.

Pocos días después, el 26 de agosto, una noticia llegó para poner fin – de momento- a la esperanza del matrimonio: El fiscal general de Texas, Ken Paxton, había detenido el programa después que dieciséis estados republicanos presentaron una demanda.

«Eso fuera un gran beneficio para mí (…) tener mejor trabajo, ganar mejor», dijo Valla, quien conoció en línea a su esposa cuatro años antes de contraer matrimonio.

Valla sopesa también que de conseguirlo, podría tener vacaciones y visitar a su madre, a la que no ve hace 17 años.

Esa idea también le hace ilusión a la esposa de Valla que quisiera, por ejemplo, «viajar juntos al extranjero».

«[Somos] tanta gente con sueños, ilusiones», afirma Quezada.

Argumentos a favor y en contra

Los estados demandantes alegaron que el gobierno pasó por alto al Congreso para crear una vía hacia la ciudadanía con «fines políticos flagrantes». Además argumentaron que es una acción que «incentiva la inmigración ilegal» y que «dañaría irreparablemente» a dichos estados.

Por otro lado, los detractores de la decisión del juez de Texas de frenar el ‘parole in place’ o Manteniendo a las Familias Unidas, como la organización bipartidista de inmigración y justicia penal FWD, sostienen que el programa cumple con la ley.

«La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar familias y la política burda de esperar que un juez pueda cumplir las órdenes del movimiento antiinmigrante», argumentó la organización en un comunicado.

En la acera del frente, la fiscal general de Florida Ashley Moody explicó en una publicación en la red social X las razones del estado para impugnar la medida: «El gobierno de Biden la está utilizando ilegalmente de manera sistemática para promover su agenda de fronteras abiertas».

Claudia Sánchez, que trabaja con CARECEN, una organización que vela por los derechos de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, dijo a la Voz de América que la medida había sido «muy esperada» y que la decisión del juez de Texas los mantiene en un compás de espera.

«Se recibió con mucha alegría, muchas expectativas y también con muchas dudas. Recordemos que hay todavía muchas lagunas jurídicas», dijo Sánchez, afirmando que abogados, bufetes colectivos y organizaciones sin fines de lucro están «a la espera de más información sobre el tema».

Ansiedad y preocupación

Consultada acerca de qué significa esta suspensión temporal que comenzó a contar el 26 de agosto, Sánchez explicó: «Por estos 14 días no va a haber ninguna respuesta, no va a haber ninguna aprobación de casos de ‘parole in place‘, pero se hace la salvedad de que todavía se están recibiendo (casos) y todavía podemos enviar estas aplicaciones».

En virtud de esto, matrimonios -como el de Quezada y Valla- han aplicado al programa en línea, como estipula la convocatoria.

«Muchos de los clientes están bastante ansiosos, nerviosos y preocupados con el futuro de este programa. A la fecha de hoy no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué es lo que finalmente suceda», dijo Sánchez, de CARECEN.

Para ser elegibles a este programa, los inmigrantes deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no constituir una amenaza de seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen, además de haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense hasta el 17 de junio, el día previo al anuncio del programa, o antes.

De concretarse, los solicitantes deberán pagar una cuota de 580 dólares para presentar su petición y llenar una larga solicitud, donde incluyan una explicación de por qué merecen un permiso humanitario, además de entregar una larga lista de documentos de apoyo que demuestren el tiempo que han permanecido en el país.

La solicitud se presentaría ante el Departamento de Seguridad Nacional y, de ser aprobada, los solicitantes tendrían tres años para buscar la residencia permanente. Durante ese período, pueden obtener un permiso de trabajo.

Orar, trabajar y pagar impuestos

Antes de este programa, las personas que estaban sin autorización en Estados Unidos tenían muchas dificultades para obtener una tarjeta de residencia permanente para inmigrantes después de contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Incluso estaban sujetos a una solicitud de regreso a sus países de origen, y permanecer a veces durantes años. El riesgo de no poder retornar a Estados Unidos estaba también presente.

Por ahora la esposa de Valla, un beneficiario potencial, cree que él califica y se merece la oportunidad de legalizar su estatus en EEUU.

«Hay que orar porque eso no pase (suspensión definitiva del programa de ‘parole in place’) porque hay mucha gente aquí con sueños de ser residentes, ciudadanos», dijo Quezada, sentada al lado de su esposo durante la conversación con la VOA.

«Tenemos derecho de tener los documentos legales porque aportamos al país, trabajamos, pagamos taxes. Pienso que todo el que paga impuestos tiene derecho a estar legalmente», concluyó Quezada.

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