Estados Unidos no extenderá el parole humanitario de dos años otorgados a los migrantes que llegaron bajo ese programa aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, anunció el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los migrantes que han tenido el parole humanitario por casi dos años recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, dijeron los funcionarios, quienes aclararon que solicitudes nuevas de los cuatro países se seguirán aceptando.
Los migrantes que no obtienen un estatus legal tendrán que abandonar el país o enfrentar procesos de deportación.
«Los cubanos no tendrán muchos problemas porque pueden aplicar a la Ley de Ajuste al año y un día», indicó Jesús Novo, abogado especializado en temas de inmigración.
En el caso de los migrantes de Haití y Venezuela, The New York Times aclaró que «tendrán la oportunidad de quedarse sin temor a ser deportados a través del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS)».
El periódico agregó que «los migrantes que llegaron desde Nicaragua a través del programa podrían estar en una posición particularmente difícil».
La administración Biden lanzó por primera vez el programa de patrocinio en octubre de 2022 para venezolanos. En enero de 2023, la medida se amplió para los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.
Aproximadamente 214.000 haitianos, 117.000 venezolanos, 111.000 cubanos y 96.000 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos hasta ahora en virtud de esta política conocida como programa CHNV (530.000 en total, según cifras oficiales).
El primer grupo que perderá su estatus este mes es el de los venezolanos, que comenzaron a llegar a Estados Unidos en octubre de 2022. Los períodos de vigencia del parole humanitario de los cubanos, haitianos y nicaragüenses comienzan a expirar en enero del próximo año.
CBS News informó por primera vez el jueves la decisión de no renovar el parole humanitario a los venezolanos.
El programa es una de las políticas impulsadas por el presidente Biden para reducir la inmigración a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
En agosto pasado fue criticado duramente después de que el DHS lo suspendiera temporalmente tras detectar fraude en las aplicaciones. Cuando los reanudaron a finales de ese mismo mes, el organismo incorporó una investigación adicional de los patrocinadores en Estados Unidos «para fortalecer la integridad de los procesos».
Las nuevas reglas incluyen un mayor escrutinio de los registros financieros y los antecedentes penales de los patrocinadores, una investigación adicional para identificar perfiles fraudulentos de patrocinadores y métodos de revisión reforzados para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie, entre otras medidas.
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