Asamblea Nacional designa comité para nombrar nuevo fiscal, contralor y defensor

La Asamblea Nacional de 2020 designó este jueves una comisión de diputados para elegir a un nuevo fiscal general, contralor general y defensor del pueblo, miembros del Poder Ciudadano del país.

Durante el pleno, la diputada chavista Carolina García explicó que el Poder Ciudadano -que incluye la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo- fue incluido en la Constitución aprobada en 1999 como rama del Poder Público, rompiendo con la «estructura clásica» en la división de poderes.

¿Quiénes componen el comité para elegir al nuevo fiscal, contralor y defensor?

El presidente de la comisión será el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello.

El resto de los legisladores que componen el comité son los chavistas Desirée Santos Amaral, Carolina García, José Oscar Villarroel, María Gabriela Vega, Gloria Mercedes Castillo, Ginkellys Gutiérrez, Nicia Maldonado, Nancy Ascencio y Fernando Bastidas, así como los opositores José Gregorio Correa, Alfonso Campos y Timoteo Zambrano.

En agosto de 2017, la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado únicamente por oficialistas que ejerció poderes incontestables en el país durante dos años, designó a Tarek William Saab como fiscal general, luego de aprobar la destitución de Luisa Ortega Díaz, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

La ANC acusó a Ortega de cometer «actos inmorales», y a su esposo, el exdiputado chavista Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Posteriormente, en octubre de 2018, la Asamblea Nacional Constituyente designó como nuevo contralor general al oficialista Elvis Amoroso, que ocupó el cargo hasta 2023, cuando lo dejó por ser nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se mantiene hasta la fecha.

De acuerdo con la legislación venezolana las designaciones del contralor, fiscal y defensor corresponde al Parlamento, entonces controlado por la oposición y declarado en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que la ANC hizo uso de su carácter plenipotenciario para asumir estas tareas.