¿Por qué los jueces que castigan a los manifestantes violentos del 6 de enero en el Capitolio de EEUU temen que se repitan actos similares?

En los últimos cuatro años, los jueces del tribunal federal de Washington han castigado a cientos de alborotadores que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un asalto sin precedentes a la democracia del país. En vísperas de las próximas elecciones presidenciales, algunos de esos jueces temen que pueda venir otro estallido de violencia política.

Antes de sentenciar recientemente a prisión a un manifestante, el juez federal de distrito Reggie Walton dijo que reza para que los estadounidenses acepten el resultado de las elecciones del próximo mes. Pero el veterano juez expresó su preocupación de que Donald Trump y sus aliados estén difundiendo el mismo tipo de teorías conspirativas que alimentaron el motín de la turba del 6 de enero de 2021.

“Ese mal perdedor está diciendo las mismas cosas que dijo antes”, dijo Walton a principios de este mes sin mencionar al candidato presidencial republicano por su nombre. “Está enfureciendo a las tropas nuevamente, así que si no consigue lo que quiere, no es inconcebible que experimentemos esa misma situación nuevamente. ¿Y quién sabe? Podría ser peor».

Walton, nominado por el presidente George W. Bush, no está solo. Otros jueces han dicho que el clima político es propicio para otro ataque como el que hirió a más de 100 policías en el Capitolio. A medida que se acerca el día de las elecciones, los jueces enfatizan con frecuencia la necesidad de enviar un mensaje más allá de sus tribunales de que la violencia política no se puede tolerar.

“Me asusta pensar en lo que sucederá si alguien de cualquiera de los dos lados no está contento con los resultados de las elecciones”, dijo la jueza Jia Cobb, nominada por el presidente Joe Biden, durante una audiencia de sentencia el mes pasado para cuatro de los participantes en los disturbios del Capitolio.

El juez Rudolph Contreras lamentó la posibilidad de más violencia con motivaciones políticas al sentenciar a un hombre de Colorado, Jeffrey Sabol, que ayudó a otros a arrastrar a un oficial de policía hacia la turba. Sabol luego dijo a los agentes del FBI que “se anunció un llamado a la batalla” y que había “respondido al llamado porque era un patriota guerrero”.

“No hace falta mucha imaginación para imaginar que en los próximos meses se hará un llamado similar, y al tribunal le preocuparía que Sabol responda a ese llamado de la misma manera”, dijo Contreras en marzo antes de sentenciar a Sabol a más de cinco años de prisión. Sabol fue nominado por el presidente Barack Obama.

La distorsión que hizo Trump del ataque del 6 de enero ha sido una piedra angular de su intento por recuperar la Casa Blanca. El expresidente ha negado cualquier responsabilidad por los crímenes de los partidarios que rompieron ventanas, agredieron a los agentes de policía y obligaron a los legisladores a esconderse mientras se reunían para certificar la victoria del presidente Joe Biden en 2020.

Trump ha prometido indultar a los alborotadores, a los que llama “patriotas” y “rehenes”, si gana en noviembre. Y dijo que aceptaría los resultados de las próximas elecciones solo si son “libres y justas”, lo que genera dudas que recuerdan sus afirmaciones infundadas de 2020.

Los jueces han utilizado repetidamente su plataforma en el tribunal para denunciar esos esfuerzos por restar importancia a la violencia del 6 de enero y presentar a los alborotadores como presos políticos. Y algunos han expresado su preocupación por lo que esa retórica significa para el futuro del país y su democracia.

“Estamos en un momento realmente difícil en nuestro país y espero que podamos sobrevivir”, dijo Walton este mes mientras sentenciaba a una enfermera de Tennessee que usó un par de tijeras médicas para romper una puerta de vidrio en el Capitolio.

“Tengo una hija pequeña, tengo un nieto pequeño y me gustaría que Estados Unidos estuviera disponible para ellos y fuera tan bueno con ellos como lo ha sido conmigo”, agregó. “Pero no sé si sobreviviremos con la mentalidad que tuvo lugar ese día”.

Más de 1.500 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con el asedio del 6 de enero, que interrumpió la transferencia pacífica del poder presidencial por primera vez en la historia de la nación. Más de 1.000 acusados han sido condenados y sentenciados. Aproximadamente 650 de ellos recibieron penas de prisión que van desde unos pocos días hasta 22 años.

Los fiscales del Departamento de Justicia han argumentado en muchos casos que una sentencia de prisión es necesaria para disuadir a los alborotadores condenados del Capitolio de participar en más violencia con motivaciones políticas.

“Con las elecciones presidenciales de 2024 acercándose y muchas voces fuertes en los medios, los ataques en línea continúan sembrando discordia y desconfianza, y la posibilidad de que se repita lo del 6 de enero se vislumbra de manera ominosa», han advertido repetidamente los fiscales en los documentos presentados ante el tribunal.

Los fiscales argumentan que los acusados que han mostrado poco o ningún remordimiento por sus acciones el 6 de enero podrían volver a infringir la ley. Algunos alborotadores incluso parecen estar orgullosos de sus crímenes.

El primero que entró en el Capitolio le envió un mensaje de texto a su madre: «Volveré si tengo la oportunidad». Un hombre del estado de Washington que irrumpió en el Capitolio con otros miembros del grupo extremista Proud Boys le dijo a un juez: «Puedes darme 100 años y lo volvería a hacer». Una enfermera de Kentucky que se unió al motín le dijo a un entrevistador de televisión que «mañana lo haría de nuevo».

Una mujer de Colorado conocida por sus seguidores en las redes sociales como la «abuela que reza por el 6 de enero» evitó una sentencia de prisión en agosto cuando un magistrado la condenó por alteración del orden público y allanamiento de los terrenos del Capitolio. Rebecca Lavrenz le dijo al juez que Dios, no Trump, la llevó a Washington el 6 de enero.

“Y prácticamente ha prometido hacerlo todo de nuevo”, dijo el fiscal Terence Parker.

Los fiscales habían solicitado 10 meses de prisión. Después de su condena en el juicio de abril, Lavrenz emprendió un “bombardeo mediático” para defender a la mafia, difundir información errónea, socavar la confianza en los tribunales y aumentar su celebridad en una comunidad que cree que el 6 de enero “fue un buen día para este país”, apuntó Parker.

El magistrado Zia Faruqui condenó a Lavrenz a seis meses de arresto domiciliario y la multó con 103.000 dólares, subrayando la necesidad de “bajar el volumen” antes de las próximas elecciones.

“Estas influencias externas, la gente que está destrozando nuestro país, no te van a ayudar”, le dijo Faruqui.

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