El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles que el dueño de una cadena de noticias de televisión venezolana fue acusado de un supuesto plan de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares.
Raúl Gorrín Belisario, de 56 años, fue acusado por un gran jurado federal en Florida por su papel en un plan «para lavar fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa (…) Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos», afirmó el Departamento de Justicia.
De acuerdo a documentos judiciales, entre 2014 y 2018, Gorrín “conspiró con otros para blanquear las ganancias de un plan de sobornos ilegales utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el extranjero”, pagando “millones de dólares” a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos.
Además, según una nota de prensa del Departamento de Justicia de EEUU, dirigió parte de las ganancias ilícitas al Distrito Sur de la Florida, donde compró “bienes raíces, yates y otros artículos de lujo”.
“La presunta conducta de Gorrin enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y explotó el sistema financiero de Estados Unidos para facilitar estos delitos. Junto con nuestros socios, la División Penal sigue comprometida a garantizar que Estados Unidos no sea un refugio seguro para llevar a cabo esquemas de lavado de dinero u ocultar ganancias delictivas”, dijo la fiscal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
Gorrín, que de ser hallado culpable podría enfrentar una pena máxima de 20 años de cárcel, es un abogado y empresario sancionado en 2019 por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC), por presuntamente haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos para “obtener derechos a efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables para el gobierno.
Es propietario de Globovision, un canal de televisión que hasta que lo adquirió mantuvo una línea editorial crítica e independiente, y durante años recibió amenazas y ataques por parte del gobierno chavista.
Gorrín figura en la lista de “los más buscados” del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
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