Ante las críticas de organizaciones y la presión de las familias de los menores que fueron apresados en el contexto de las protestas poselectorales —en las que se reclamaba a las autoridades que transparentaran los resultados oficiales—, el fiscal general Tarek William Saab rechazó los señalamientos ante la prensa.
Dijo el funcionario que hay una campaña —que atribuyó a la oposición— para desacreditar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y afirmó que en Venezuela no hay niños detenidos por haberse manifestado.
No obstante, Saab admitió que cerca del 10% de los encarcelados tienen edades que oscilan entre los 16 y 17 años.
Maduro por su parte abrió la puerta a que si hay algún error, éste sea corregido. Hizo un llamado al fiscal general y a los jueces del país a que «si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia».
Tras los cuestionados comicios, que tanto Maduro como la oposición dicen haber ganado, se sucedieron multitudinarias protestas que reclamaban transparencia y la victoria del entonces candidato opositor Edmundo González.
La autoridad electoral había declarado ganador a Maduro, que buscaba su tercer mandato, sin difundir los resultados. Hasta ahora no se han hecho públicos cuando han pasado casi tres meses y medio desde el día de las votaciones.
A raíz de las manifestaciones, más de 2.400 personas fueron detenidas con cargos por terrorismo. De acuerdo con cifras oficiales, murieron 28 personas en las protestas.
Aún permanecen detenidas 1.836, según el grupo local de derechos humanos Foro Penal. De ellas, 68 son adolescentes. En septiembre, 86 menores de edad fueron liberados, indicó Foro Penal recientemente.
Familiares de los detenidos y activistas de los derechos humanos, que han hecho concentraciones de reclamo para su liberación, sostienen que muchos fueron apresados por las fuerzas de seguridad sin orden judicial y permanecen encarcelados desde entonces. Luego les fueron sumando cargos relacionados con las protestas poselectorales.
Entre los perjudicados, hay además periodistas, líderes políticos, personal de campaña, entre otros.
«Estas personas no son presos políticos, no son presos de conciencia; son criminales que se prestaron para acciones terroristas, delictivas», manifestó Saab el lunes.
Sobre los adolescentes que sí admitió que están encarcelados, aseguró que «lamentablemente cometieron actos al margen de la ley y están siendo procesados». Puntualizó que están «en un centro correccional de menores» como lo establecen las leyes venezolanas.
El fiscal general recordó que «se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años» y como «adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años».
A los efectos de la aplicación y ejecución de las sanciones, no obstante, la ley distingue a los adolescentes en dos grupos: los que tengan de 12 hasta menos de 14 años y, los que tienen más de 14 años y menos de 18 años. Únicamente son imputables a partir de los 14 años.
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