“te ponen el ojo y terminas preso o muerto”

«Pablo», un dirigente opositor venezolano, en sus 50 años, ya no siente la libertad de antes para armar reuniones masivas con su equipo o visitar barriadas en su región, en el occidente del país. Si ocurren esos encuentros, nada de fotos, ni tuits, todo de prisa. Deben obrar con “prudencia”, cuenta, admitiendo su “terror” de ser detenidos por hacer política.

“Todos estamos en riesgo” después de las controvertidas elecciones presidenciales de hace casi 4 meses y las subsecuentes persecuciones por agentes de inteligencia del Estado, asegura a la Voz de América bajo condición de anonimato, por temor a represalias.

El presidente socialista Nicolás Maduro se reeligió oficialmente en julio para un nuevo período de 6 años, que iniciaría el 10 de enero de 2025. Políticos como Pablo afirman tener copias de las actas de los centros de votación de la mayoría de las ciudades del país para comprobar que triunfaron. Sin embargo, defender esa victoria les parece igual a comprar un boleto de lotería cuyo premio es la cárcel.

“Hay terror entre nuestros dirigentes, lo han sembrado con mucha fuerza”, confiesa el líder opositor, acusando expresamente al chavismo de “dinamitar” el juego político en Venezuela mediante prácticas que tilda de fraudulentas, violentas y represivas.

Revela que ha tratado de llevar adelante su trabajo político “con mucha inteligencia” en los últimos meses: son secretos los detalles de sus mítines, como hora y lugar; evitan reuniones masivas; apagan sus teléfonos al reunirse; borran conversaciones privadas; y procuran “no hablar mucho” para acortar el tiempo de sus cónclaves.

Riesgo hasta de muerte

La oposición aspira a que su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España, se juramente en enero como jefe de Estado. El chavismo, por su parte, considera la elección como un asunto pasado, mientras ha arrestado a cientos de activistas y dirigentes de partidos adversos, acusándolos de terrorismo.

El miedo de los políticos opositores no se fundamenta en sospechas. El mismo gobierno ha difundido videos e informaciones sobre la detención de dirigentes antichavistas vinculados a la elección y que contrarrestaron su resultado.

Recientemente, uno de ellos murió bajo custodia del Estado.

El jueves pasado, familiares, múltiples ONG y la dirigente opositora María Corina Machado denunciaron la muerte de un testigo electoral y miembro del partido Vente Venezuela, diabético, de 36 años, que había sido arrestado un día después de la elección y cuya enfermedad no fue atendida a tiempo por las autoridades en su reclusión.

Machado, que ha confesado vivir en la clandestinidad por temor a perder su libertad y su vida, dijo que las piernas del activista Jesús Martínez Medina sufrieron necrosis tras semanas en un calabozo “infrahumano” del estado oriental de Anzoátegui.

Cifras que huelen a muerte y detención

Martínez Medina es considerado el preso político número 20, entre civiles y militares, que muere bajo custodia del Estado en la última década, siempre durante el gobierno de Maduro, delfín político del fallecido expresidente y teniente coronel Hugo Chávez Frías.

Además, desde la elección presidencial, el gobierno detuvo a 1.848 personas, para un total de 1.976 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

En Venezuela, ha habido más de 17.900 detenciones por razones políticas en la última década, según sus registros. Tras la votación de julio, esos arrestos incluyeron a alcaldes, exdiputados, exgobernadores y dirigentes de partidos, como Rafael Ramírez, Freddy Superlano y Williams Dávila, también a activistas de bajo o mediano perfil.

“He tenido que estar varios días escondido, he bajado un poco el perfil de mis denuncias”, cuenta a la VOA Eulises, otro líder de la oposición venezolana, también atemorizado.

Una vez, cuando militares y fuerzas de choque del oficialismo atacaron una protesta que coordinaba, debió pasar horas sentado en una lápida de un solitario cementerio, esperando que fuera de noche para poder escapar.

Hoy, dice sentir que las amenazas en su contra han ido “de menos a más”.

Incluso, suele cuidar sus palabras cuando declara a la prensa. “Sabes que, en cualquier momento, te ponen el ojo y terminas preso o muerto”, apunta.

En octubre, Edwin Santos, un dirigente opositor del partido Voluntad Popular en el estado llanero de Apure, apareció muerto en un presunto accidente de moto dos días después de que la oposición denunció que había sido detenido por agentes del Estado.

Eulises, por su parte, advierte que noticias como esas provocan temor en las filas opositoras y han perjudicado sus protestas y estrategias antes del próximo año, cuando habrá la juramentación presidencial y las elecciones regionales y del parlamento. Creen que ese panorama no cambiará antes de enero.

“Va a afectar. El régimen busca que, ante cualquier acción política que quieras ejercer contra ellos, así sea pacífica, te limites”, dice

“La acción política interna en Venezuela de cara a una transición se ve afectada”, admite.

Según los analistas, la idea y la acción de adversar al gobierno de Nicolás Maduro se eclipsa a la luz de la situación actual de la oposición en Venezuela: Machado está en la clandestinidad; su candidato presidencial de julio vive en el exilio, y cientos de sus dirigentes y activistas están encarcelados, otros perseguidos e incluso hay denuncias de torturas y tratos crueles.

La estrategia oficial de persecución y la represión por razones políticas, inicialmente en figuras de alto perfil y activistas partidistas, ahora se ha trasladado a la sociedad civil, opina María Puerta Riera, politóloga y docente del Valencia College, en Florida.

“Se ha llegado a un extremo nunca visto, se trata de generar pánico en la sociedad para desmovilizarla”, comenta a la Voz de América, destacando la detención de decenas de adolescentes por protestar contra los polémicos resultados de la elección.

Maduro dijo a finales de octubre que su gobierno no enfrenta a una oposición, sino una “conspiración permanente de grupos políticos, que han derivado del terrorismo en el complot”. Los arrestos políticos también han involucrado a funcionarios de alto nivel del chavismo, como el ex presidente de PDVSA, Pedro Tellechea.

Diosdado Cabello, su ministro de interior de agosto, un militar retirado y exgolpista considerado uno de los hombres más radicales del chavismo, ha llamado al pueblo a prepararse para “todo” en “defensa de la patria”.

También, ha reivindicado el llamado de Maduro a una “fusión” de la gente con policías y militares para defender su proyecto, dando por sentado que continuarán en el poder luego de enero de 2025.

Exclusión política que asusta

Hacer política en Venezuela se ha hecho “complicado y un riesgo” después de la elección presidencial, valora el politólogo Ricardo Ríos, de la firma consultora y Poder y Estrategia.

Dando por válidos los resultados electorales oficiales, Ríos advierte que el chavismo no está dando cabida en la vida política del país a más del 40 % de la sociedad que votó en su contra el 28 de julio pasado.

“Es la exclusión de un segmento político. En la medida en que no tengamos la posibilidad de un sistema político con una expresión auténtica del sentir de la sociedad, tendremos una serie de perversiones que no son beneficiosas”, señala.

Pablo, aquel dirigente de las reuniones casi clandestinas en el occidente del país, asegura que la oposición persiste en tratar de “levantar el ánimo” de la gente, mientras aguardan por acontecimientos y estrategias en las vísperas de enero.

En esas fechas, el antichavismo espera que comience una transición de la cual aún no hay síntomas claros e inequívocos. Animar a la gente no es tarea sencilla, con el chavismo aún gobernando y radicalizando sus tratos hacia la disidencia, evalúa.

“El país está sumido en una depresión psicológica grande”, dice lamentar.

Sin embargo, es otro rasgo el que comparten todos sus compañeros, advierte.

«El miedo».