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El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó el domingo la ley denominada «No Stolen Trademarks Honored in America Act of 2023» (Ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos), que prohíbe la validación y el uso de marcas comerciales que hayan sido confiscadas por el régimen cubano desde 1959.
La medida modifica «modifica la prohibición de reconocimiento por los tribunales de los Estados Unidos de ciertos derechos relativos a determinadas marcas, nombres comerciales o denominaciones comerciales», dijo el lunes la Casa Blanca en un comunicado.
La ley había sido aprobada por el Senado el pasado 21 de noviembre y por la Cámara de Representantes en noviembre del 2023.
La normativa protegerá los intereses y derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen de La Habana, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.
La iniciativa tendría importantes implicaciones sobre importantes marcas cubanas como el Ron Havana Club, que fue vendido a Bacardí en los años 90, quien ha peleado en tribunales de Estados Unidos por su legitimidad contra el régimen cubano y su distribuidor internacional, la empresa francesa Pernod Ricard.
La ley prohíbe a los tribunales estadounidenses y a las agencias del poder ejecutivo hacer cumplir o validar dichas marcas confiscadas si la misma pertenece a un negocio o activo confiscado. Actualmente, la prohibición se limitaba a los tribunales estadounidenses y se aplicaba sólo si un nacional cubano hacía valer la marca confiscada en Estados Unidos.
Según la ley, la prohibición no se aplicará si el propietario original de la marca, o un sucesor, ha dado su consentimiento expreso a la acción de ejecución.
La prohibición se aplicará sólo si la entidad que hace valer los derechos de marca conocía o debía haber sabido, al momento de adquirir los derechos, que la marca era igual o sustancialmente similar a otra relacionada con un negocio o activo confiscado.
El congresista de origen cubano Carlos Giménez aplaudió en un comunicado la aprobación de la ley. «El régimen criminal de Castro tiene una larga historia de confiscar activos y lucrarse con propiedad intelectual robada a sus ciudadanos”, dijo el representante republicano por la Florida.
«Como el único miembro del Congreso nacido en Cuba, estoy orgulloso de trabajar de manera bipartidista para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de Castro», subrayó Giménez.
Mientras tanto, en un mensaje en la red social X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la ley de “medida agresiva” y dijo que persigue el objetivo “de abrir la puerta para el robo de marcas cubanas legítimamente registradas”.
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