EEUU mantiene criterio de Cuba como refugio de terroristas

Cuba sigue albergando a varios fugitivos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas, indica el más reciente Informe por Países sobre el Terrorismo (CRT) que elabora el Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado.

Cada año, el CRT proporciona información sobre cuestiones importantes en la lucha contra el terrorismo a partir de la cual se toman decisiones sobre políticas, programas y asignaciones, como es el hecho de incluir a Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, junto a Corea del Norte, Irán y Siria.

En el informe se explica esta decisión y se actualiza la narrativa sobre la negativa de Cuba de extraditar a líderes guerrilleros colombianos.

«El 12 de enero de 2021, el Departamento de Estado designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. El secretario de Estado determinó que el gobierno cubano había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Cuba había sido designada anteriormente como Estado patrocinador del terrorismo en 1982 debido a su largo historial de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales», indica el reporte.

«La designación de Cuba fue revocada en 2015 después de que una revisión exhaustiva determinara que el país cumplía con los criterios legales para la revocación. En 2021, el secretario de Estado determinó que Cuba había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional en los seis años transcurridos desde que se revocó su designación. Cuba rechazó, citando los protocolos de negociación de paz, la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que viven en La Habana después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad del atentado con bomba en 2019 contra una academia de policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a otras 87. El gobierno cubano no respondió formalmente a las solicitudes de extradición de los líderes del ELN Víctor Orlando Cubides (alias “Pablo Tejada”) y Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) presentadas por Colombia», agrega el informe.

A continuación, el apartado de Cuba aclara que «en noviembre de 2022, de conformidad con una orden del presidente colombiano Petro, el fiscal general de Estados Unidos anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición Colombia había solicitado previamente. En mayo de 2023, el gobierno colombiano y el ELN convocaron la tercera ronda de conversaciones de paz entre Colombia y el ELN en Cuba».

Sin embargo, el informe de EEUU sostiene que «Cuba sigue albergando a varios fugitivos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas».

Esta misma semana, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que no habría cambios en la política de la administración Biden hacia Cuba en los últimos días de su mandato, incluida una posible revisión para eliminar a Cuba de la Lista de Países que Patrocinan el Terrorismo.

En mayo, el Departamento de Estado determinó que las circunstancias para la certificación de Cuba como «país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas» (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, no sería incluida en el listado. Sin embargo, ese listado es aparte, o sea no remueve a Cuba de la Lista de Países que Patrocinan el Terrorismo.

Numerosos llamados e iniciativas impulsadas por el régimen de La Habana y sus aliados han pedido a Washington que revierta la inclusión de Cuba como patrocinador del terrorismo.

Esta designación incluye una serie de sanciones como la prohibición de las exportaciones y ventas relacionadas con armas, los controles sobre las exportaciones de artículos de doble uso, que exigen una notificación al Congreso con 30 días de antelación para los bienes o servicios que podrían mejorar significativamente la capacidad militar del país terrorista o su capacidad para apoyar el terrorismo, restricciones a la asistencia exterior de los EEUU, los requisitos de tramitación de visas y la imposición de diversas restricciones financieras y de otro tipo.