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En un nuevo intento por cesar la violencia, el Estado colombiano instalaba el domingo una mesa de diálogo con la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC con que busca iniciar un cese al fuego bilateral de 10 meses, inusual por su duración para un proceso que apenas comienza su etapa formal.
A la mesa se sientan representantes de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central, una facción armada que se desligó y nunca firmó el histórico acuerdo de paz al que llegaron en 2016 el gobierno y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de conflicto.
Su cabecilla es Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, un excomandante de las extintas FARC que fue incluido por Estados Unidos en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados. Fue dado por muerto en 2022 por el anterior gobierno de Iván Duque y recientemente reapareció para negociar.
La instalación tiene lugar en Tibú, un municipio fronterizo con Venezuela que por décadas ha estado en medio del conflicto y en los últimos años ha visto el proceso de avance y fortalecimiento de las disidencias de las FARC. Allí acudieron cientos de personas de la región y de otras partes de Colombia como el Guaviare o el Cauca, así como autoridades locales y representantes de la comunidad internacional.
“Que la palabra dulce fluya para que sigamos caminando la construcción de paz en todo el territorio” dijo el líder indígena Feliciano Valencia en nombre de la delegación gubernamental al declarar instalado el acto .
Mientras el representante del Estado Mayor Central, Andrey Avendaño, aseguró que esas disidencias están comprometidas “con la paz con justicia social” y con el cese al fuego bilateral para llevar “alivio humanitario” a las comunidades víctimas de la confrontación armada.
El acto se desarrolla en medio de una larga lista de intervenciones de autoridades locales, dirigentes campesinos, productores y habitantes de los territorios afectados que coincidieron en la esperanza de que la jornada concluya con el cese de hostilidades y la recuperación de su derecho a la paz y al desarrollo social.
El poder de la disidencia ha ido en ascenso. Según cálculos de las Fuerzas Armadas, lo que empezó con grupos pequeños y fraccionados de decenas de hombres armados se ha agrupado hasta alcanzar casi 5.000 insurgentes, que se financian con rentas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
El inicio del diálogo ha estado rodeado de incertidumbre y tensión entre las partes. Días antes, la disidencia detonó dos coches bomba en las cercanías de estaciones de policía al suroeste del país que causaron la muerte de dos personas y dejaron heridas a siete. En respuesta a las acciones violentas, el gobierno reforzó las operaciones militares enfocadas en asegurar el control de las zonas y golpear al narcotráfico.
“No nos podemos vestir de revolucionarios y ser traquetos (narcotraficantes), eso no se permite”, reclamó el martes a la disidencia el presidente Gustavo Petro durante un discurso en Cauca, al suroeste.
Luego, el Estado Mayor Central (EMC) señaló al gobierno de “constantes sabotajes a los documentos acordados” tras, según su versión, hacer cambios de último momento en el documento del cese al fuego bilateral que estaría por firmarse.
Se trata del segundo cese al fuego bilateral desde que iniciaron los acercamientos con la llegada de Petro al poder hace un año.
En enero establecieron un cese, pero esas intenciones de negociación de paz con la disidencia se vieron torpedeadas en mayo tras la masacre de cuatro menores de edad en el departamento del Putumayo, en el sur del país y en la frontera con Ecuador. La acción criminal fue atribuida al Estado Mayor Central y Petro suspendió el cese bilateral en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo.
Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group, explicó a The Associated Press que es importante que cesen no solamente los choques entre la fuerza pública y las disidencias, también que se incluya el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, se especifiquen qué acciones están prohibidas —como reclutar niños— y se proteja a la población.
“Lo que vimos en las primeras experiencias de cese al fuego este año fue un control social más fuerte. Todos los grupos armados, no solo el EMC, consolidaron su control sobre las comunidades en cuanto a las reglas de comportamiento y la presión sobre las juntas de acción comunal”, aseguró Dickinson.
El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, señaló en un informe divulgado el jueves que confía en que los pasos recientes hacia el desescalamiento de la violencia, incluido un acuerdo sobre cese al fuego con protección para los civiles, se “materializarán y producirán beneficios tangibles, como es el deseo de las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto”.
La población civil ha sufrido una nueva ola de violencia desde que la antigua guerrilla dejó las armas y múltiples grupos armados se disputan el control territorial y de economías ilegales. Las autoridades han señalado a la disidencia Estado Mayor Central de ser los autores de algunos asesinatos contra líderes sociales y contra ex guerrilleros de las antiguas FARC.
Julián Gallo, excomandante de las FARC y actual senador, dijo a la AP que han recibido amenazas directas por parte del Estado Mayor Central, por lo que piden que se les “exija públicamente” que se comprometan en el diálogo que inicia a cesar los asesinatos y desplazamientos contra los firmantes del acuerdo de paz y la población.
