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La tensión se elevó en el noveno día de protestas en Guatemala con la decisión del gobierno de movilizar el martes a policías antimotines para tratar de contener a los miles de manifestantes, en su mayoría indígenas y campesinos, en zonas de la periferia capitalina mientras la Organización de Estados Americanos sesionaba en rechazo a las acciones de la fiscalía contra el proceso electoral.
Decenas de policías arremetieron contra manifestantes pasado el mediodía del martes en un sector urbano de Ciudad de Guatemala, siguiendo órdenes del ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien ya había anunciado más temprano que movilizaría la fuerza pública para controlar las protestas que bloquean vías de acceso a la capital y carreteras de todo el país.
Ante la confrontación policial, aparecieron más ciudadanos que impidieron el desalojo de la manifestación.
Las protestas comenzaron la semana pasada y en ellas se reclama la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a la que señalan de intentar evitar por vía judicial que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el cargo en enero próximo.
Barrientos ya había advertido en una entrevista a una radio local que “está planificado que en las rutas más importantes se aplicarán los protocolos correspondientes» y precisó que, primero se hablará con las personas «y si no atienden al llamado de la policía, con acompañamiento de la PDH (Procuraduría de Derechos Humanos), tendremos que despejar, porque ya estamos llegando a límites insoportables de falta de abastecimiento y de crisis”.
La OEA carga contra las acciones “sesgadas e irracionales” de Porras
En paralelo a la confrontación del martes, la OEA sesionaba para hacer seguimiento a la situación de Guatemala donde el secretario general del organismo, Luis Almagro, calificó de “sesgadas e irracionales” las acciones de la fiscalía de Guatemala contra el proceso electoral que le dio la victoria al progresista Bernardo Arévalo. Aseguró que la misión del organismo en el país se ha mantenido vigilante sobre la situación.
Almagro también expresó que la actuación fiscal también «socava la independencia y el secreto del voto y amenaza la estabilidad democrática en Guatemala». E insistió en pedir que el Ministerio Público «cese el acoso y la persecución penal contra todos los actores involucrados en el proceso electoral”.
Defendió además que, hasta ahora, las convocatorias habían tenido un carácter pacífico y atribuyó a “elementos criminales oportunistas» intentos de “interceptar” las protestas.
«Las manifestaciones deben seguir siendo pacíficas, debemos rechazar la violencia sea represiva o de choque de infiltrados”, dijo Almagro.
