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La Fiscalía General de Venezuela anunció el jueves la apertura de una nueva investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por los presuntos delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación para delinquir.

El actor político salió de Venezuela en abril porque sentía temor por su vida y ahora reside en Estados Unidos.

El fiscal general, Tarek Williams Saab, indicó en una declaración difundida por la televisión estatal que, como complemento a la orden de aprehensión contra Guaidó, tres fiscales de la capital venezolana estarán a cargo de la investigación y formularán «la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos».

El anuncio del nuevo proceso penal se produjo un día después de la publicación de un artículo de Francisco Rodríguez —economista venezolano afincado en Nueva York que en el pasado asesoró al ahora excandidato presidencial Henri Falcón–, en el que denunciaba que Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando era líder de la Asamblea Nacional unicameral venezolana, ocasionó al Estado venezolano una pérdida estimada en 19.000 millones de dólares, comentó Saab.

El fiscal general destacó que la «sentencia» de un tribunal federal de Delaware, que abrió la posibilidad de una eventual subasta de las acciones de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana, confirma sus denuncias pasadas contra el opositor.
La subasta es parte de una compensación de 1.400 millones de dólares por las pérdidas ocasionadas a la firma minera canadiense Crystallex, tras la expropiación de sus concesiones e inversiones en el país.

Saab explicó que, según esa sentencia, mediante el «ficticio gobierno interino», Guaidó había «accedido a los activos» de la filial de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos y «los ha utilizado para financiarse».

Saab espera que «mediante la cooperación penal internacional, este sujeto le sea entregado al país».

La Fiscalía General, controlada por el gobierno de Nicolás Maduro, ha abierto casi tres decenas de procesos judiciales en contra de Guaidó.

Citgo, entre otros activos, están retenidos como parte de las sanciones impuestas por Estados Unidos con el objetivo de impedir que el gobierno de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y realizar operaciones con petróleo, oro u otros activos.

Guaidó se declaró presidente interino hace cuatro años y Estados Unidos y otros 60 países lo reconocieron como gobernante legítimo de Venezuela en lugar de Maduro, argumentando que la reelección del mandatario en 2018 fue fraudulenta.

La Asamblea Nacional de Venezuela, ahora con abrumadora mayoría oficialista, rechazó en mayo pasado la decisión de Washington de no bloquear la subasta de las acciones de Citgo.

El Departamento del Tesoro estadounidense todavía debe emitir una licencia para concretar cualquier venta. Desde 2021, Washington había extendido anualmente una medida de protección que impidió a los acreedores de Venezuela vender las refinerías de Citgo en Estados Unidos para que se sean honradas las deudas.

Tras este giro en la decisión de Estados Unidos, se permitirá que los reclamos de los acreedores se diriman mediante negociación o a través de la subasta de activos de Citgo. Según el gobierno venezolano, la maniobra fue comunicada a un tribunal federal de Delaware por el Departamento de Justicia.

Citgo es filial de PDVSA desde la década de 1980. La componen tres refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que cruzan 23 estados. Aporta entre el 5% y el 10% de la gasolina que se consume en territorio estadounidense.

Maduro ofreció Citgo como garantía en 2016 en un canje de deuda.
Un juez de la Corte del Distrito de Delaware emitió el 14 de enero de 2021 un fallo a favor de Crystallex en el que autoriza la venta de las acciones de Citgo y contempla la designación de un encargado de supervisar la operación de traspaso de propiedad de esos títulos, al margen de cualquier control por parte de los funcionarios venezolanos y de PDVSA.

El ahora fallecido presidente venezolano Hugo Chávez retiró las concesiones de oro y se hizo cargo de las operaciones de Crystallex y de muchas otras compañías internacionales, acusando a las mineras de dañar el medio ambiente y violar los derechos de los trabajadores.

La lista de acreedores es amplia. Venezuela adeuda también decenas de miles de dólares en bonos que ha dejado de pagar por años.