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A un día de que la oposición de Venezuela celebre la primaria presidencial autogestionada, con la que espera consolidar un liderazgo legitimado y definir al abanderado que se medirá con el candidato de gobierno en las presidenciales de 2024, persisten diversos retos a los que debe enfrentarse, entre ellos su propia fragmentación.
Aún es incierto si las presiones gubernamentales denunciadas en múltiples ocasiones por la oposición impedirán el funcionamiento, este domingo, de los más de 3.000 centros de votación dispuestos en lugares públicos, estacionamientos e incluso, un 30 % de ellos, en casas de familia.
Las encuestas coinciden en que la líder opositora, María Corina Machado, mantiene una amplia delantera sobre el resto de los candidatos y se perfila como virtual ganadora del proceso.
Pero,su inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque considerada “arbitraria e inconstitucional”, sigue siendo un asunto no resuelto para lograr formalizar su inscripción como candidata presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Uno de sus rectores ya ha dicho que no permitirán la participación de candidatos inhabilitados.
El mes pasado, consultada por la Voz de América sobre la estrategia a seguir para formalizar su candidatura ante el CNE en caso de ganar la primaria, Machado afirmó que se requiere un liderazgo “unificador y legitimado”, un país “organizado y movilizado”, alineado con intereses de diversos actores políticos, económicos, financieros e internacionales
“La presión será tal sobre el régimen que estarán obligados a aceptar los términos de una negociación seria, donde existirán incentivos y garantías para asegurar y facilitar la transición a la democracia en Venezuela, que comienza con un proceso de elecciones competitivas”, dijo.
Aunque la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) permitió a candidatos inhabilitados inscribirse para participar en el proceso, en el camino han surgido cuestionamientos sobre la estrategia a seguir en caso de que un candidato inhabilitado resulte ganador.
De hecho, el argumento para retirarse de la contienda del líder opositor, Henrique Capriles, fue que sobre él pesa una inhabilitación que, aunque “inconstitucional”, “está allí, impuesta por un gobierno no democrático”.
El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición, Omar Barboza, insistió recientemente en que las inhabilitaciones son medidas “arbitrarias” y aseguró que, en caso de que un candidato inhabilitado triunfe en la primaria y le impidan formalizar su inscripción, buscarían soluciones políticas.
“Ninguno de los candidatos que hemos inscrito está condenado definitivamente firme por alguna condena de tipo penal. No están inhabilitados constitucionalmente”, dijo semanas atrás.
Esta semana el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en Barbados dos acuerdos parciales, uno de ellos sobre garantías electorales.
Horas después, el gobierno de EEUU anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si, antes de finalizar noviembre, no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Un resumen de la carrera
La CNdP, ente rector de la elección, resolvió en junio que el proceso se llevaría a cabo de manera autogestionada, luego de no obtener respuesta formal favorable del CNE para llevar a cabo una reunión orientada a contar con su asistencia técnica y de la intempestiva renuncia de los rectores del organismo.
Posteriormente, en octubre, mientras avanzaban según el cronograma, luego de hacer frente a las dificultades para ubicar centros de votación en todos los municipios del país, entre otros aspectos logísticos, la nueva directiva del CNE, encabezada por Elvis Amoroso, ex contralor bajo cuya gestión fue inhabilitada Machado, ofreció brindar asistencia técnica que implicaba implementar el sistema de voto automatizado y cambiar la fecha de la elección para el 19 de noviembre.
La CNdP descartó la propuesta, pero pidió apoyo técnico del organismo electoral en aspectos que podrían “apuntalar” la primaria, entre ellos, disponer de centros de votación oficiales como complemento o sustitución de algunos de los ya conseguidos.
La respuesta del Poder Electoral fue adjudicarse la competencia “exclusiva” para organizar elecciones, aunque, en casos en los que el proceso pertenece a la sociedad civil, es de carácter optativo.
Sin embargo, la CNdP decidió seguir adelante y, aunque todo apuntaba a una suspensión de la elección, el reinicio del proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición cambiaron el rumbo.
En distintas ocasiones miembros de la oposición denunciaron que el gobierno y varios sectores buscaban “implosionar” la primaria y advirtieron sobre los riesgos que enfrentaba.
La CNdP enfrentó desafíos como la renuncia de dos de los miembros que entre junio y julio argumentaron que sin el CNE y sus centros electorales sería “imposible” llevar a cabo la elección “de manera extendida” y denunciaron la ausencia de condiciones “técnicas y logísticas”.
Además, un político de bajo perfil que la oposición vincula con el chavismo acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir un recurso judicia con el objetivo de suspender la primaria.
El complejo panorama político ocurre en un contexto de crisis generalizada: una inflación interanual de 396 %, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF); bajos salarios, fallas en los servicios públicos que el gobierno atribuye a las sanciones internacionales, así como el incremento de una política de represión contra la disidencia, denunciada por organizaciones defensoras de DDHH dentro y fuera de Venezuela.
De acuerdo al más reciente estudio de la encuestadora Delphos, un 84,6 % de la población encuestada ve necesario un cambio de gobierno.
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