Propietarios despojados de sus casas batallan contra influyente constructor de torres de lujo

Angélica Ávila, Nicolás Bello, María Beatriz Gutiérrez, Franah Vazir Marino, Robert H. Murphy, Jeffrey Ulman, Shari Ulman, Lázaro Fraga, Jacqueline S. Fraga y George García, todos dueños de unidades del condominio Biscayne 21, ubicado en 2121 N. Bayshore Drive en el condado de Miami-Dade, están librando su batalla legal a los tribunales. Alegan que una supuesta trama trabajó meticulosamente, de manera coordinada, por casi 10 años, con el fin de tomar el control del condominio, forzar a los propietarios a vender sus unidades, para demoler el edificio y reemplazarlo por una torre de lujo. Esta suculenta operación inmobiliaria se estima que podría generar miles de millones de dólares.

Two Road Development (TRD) pagó 150 millones de dólares por la mayor parte de este edificio de 13 plantas y de 192 unidades, construido en 1964 en un terreno de 3.5 acres frente a la Bahía de Biscayne. En ese lugar, TRD planea construir EDITION Residences, un condominio de lujo de 55 pisos, con un precio de inicio en las unidades más pequeñas de 1.7 millones de dólares.

Según la demanda de los propietarios, entre 2015 y 2021, un grupo de inversionistas, utilizando varias corporaciones como HUS LLC, Draumalod LLC y 2121 Bayshore LLC, adquirió aproximadamente un tercio de las unidades del condominio. Detrás de estas corporaciones, un nombre se repite: Bragi Sigurdsson, un corredor de bienes raíces de lujo de Miami.

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Registro Público

“En 2017, Sigurdsson se convirtió en miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios, cargo que ocupó hasta que presentó su renuncia el 19 de mayo de 2022, cuando Two Roads asumió formalmente el control de la Junta como parte del plan para disolver -terminar- el Condominio”, afirma en su argumento la demanda.

El inicio

Fraga, propietaria desde 1987 de una unidad del condominio y experimentada agente inmobiliario, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS que comenzó a notar actividades sospechosas en 2017, cuando empezó a recibir múltiples llamadas de personas interesadas en comprar su unidad. “Quienes llamaban decían tener un inversionista dispuesto a pagar lo que fuera”. Sin embargo, Fraga les dejó claro que no tenía intención de vender porque “ese era el apartamento donde pensaba retirarse”.

El control del administrador

La demanda interpuesta por el abogado Glen H Waldman también afirma que el administrador del edificio y la Junta de la Asociación de Propietarios aprobaron decenas de compras realizadas por Sigurdsson sin la aprobación requerida de la membresía. Esto creó un conflicto de intereses y permitió que se llevara a cabo el proceso de compra masiva de unidades.

“Uno de los problemas es que la Junta no supervisó que una entidad pudiera comprar muchos apartamentos y esto iba a crear la situación que enfrentamos posteriormente”, indicó Bello, un propietario que en 2012 había adquirido un magnífico apartamento con vistas al mar, del que fue desalojado el pasado mes.

“Nosotros ahora mismo no aparecemos ni en los libros del tasador de la propiedad del condado. A pesar de no haber vendido ninguna propiedad. ¿Cómo se logra eso? La Ciudad es capaz de ponerte un gravamen si no pagas los impuestos, sin embargo, cedieron nuestras propiedades sin titubear”, se quejó Bello e insistió que todo el condominio aparece bajo el nombre de TRD.

“La ilegalidad es tan grande que nos desaparecieron. Si te pones a buscar nuestros nombres, no aparecen, es como si nunca hubiéramos existido”, sostuvo Bello, quien tuvo que irse a vivir a Doral, a 25 millas de su lugar de empleo y confiesa estar muy afectado psicológica y económicamente. “Solo los gastos de abogados son exorbitantes”.

Adquisición de unidades

En 2019, uno de los personajes vinculados a la trama hizo pública su primera iniciativa, ofreció a todos los propietarios el 1.5 del valor de mercado de sus propiedades, explicó Bello.

“Muchos de los propietarios no se entusiasmaron con el precio, porque el valor de reemplazo era irrisorio. ¿Qué puedes adquirir con ese dinero? Entonces, los personajes tomaron otra iniciativa que consistía en buscar una entidad que promocionara la venta de las unidades”.

Todos los caminos conducen a TRD

Así es como entra en juego The Liasison Group para supuestamente hacer una subasta con la idea de buscar a un inversor capaz de pagar más por las propiedades. Al final no hubo tal subasta y fue elegido Two Roads como el inversionista que adquiriría las unidades al por mayor. La realidad es que hubo una distorsión del proceso de compra, indicó Bello.

Según este propietario, crearon una estructura para vestirla de legalidad y realmente no lo era. Enmascararon la transacción para hacerla parecer legal. Todo lo tenían planeado desde 2012, lo que pone de manifiesto un claro conflicto de intereses. Al final, vimos a Sigurdsson formando parte de TRD, afirmó Bello.

Acoso a los propietarios

A medida que el proceso continuaba, algunos propietarios comenzaron a sufrir acoso, les tocaban en las puertas o les enviaban mensajes de texto donde les advertían que iban a perderlo todo si no vendían. La mayoría de los propietarios del edificio eran personas mayores y muchos no tenías conocimiento de que tendrían que mudarse de la propiedad. Finalmente, los inversionistas lograron que casi 170 dueños firmaran la autorización de venta de sus unidades. Así TRD se hizo un contrato de compra al por mayor de 104 unidades.

Fraga explicó que cuando TRD adquirió ese número de unidades se convirtió en mayorista y ya estaba a un paso del poder comenzar la Disolución del Condominio. Pero tenía otro obstáculo delante, la Constitución del condominio, no incluía la Enmienda Kaufman, necesaria para modificar la propia Constitución.

“La Declaración de nuestro condominio planteaba que, para Terminar – Disolver- la Asociación era necesario el voto unánime de los propietarios”.

Que la ley no sea el obstáculo

Para superar este obstáculo, la Junta Directiva controlada por TRD votó en favor de insertar el lenguaje Kaufman en la Declaración del Condominio. Luego, el 18 de agosto de 2022, se celebró otra reunión extraordinaria con los miembros de la Asociación cuya agenda era votar por las enmiendas a la Declaración y fue aprobada por 178 contra 9 votos, según el texto de la demanda. Nadie tuvo en cuenta la exigencia del 100% de los votos para modificar la Declaración del Condominio.

“Esta enmienda (Kaufman) fue registrada el 25 de agosto de 2022 en el Libro de Registros Oficiales, de los Registros Públicos de Miami-Dade”, según sostiene la demanda.

Ahora TRD tenía las manos libres para invocar la Disolución del Condominio con el 80% de los votos de los propietarios.

Disolución del condominio

“De hecho, una semana después de la inscripción de la Enmienda Kaufman, TRD aprobó unilateralmente un Plan de Disolución del Condominio Biscayne 21 y envió una copia del mismo a los propietarios”, afirma el abogado en su documento de la demanda.

El plan de Disolución fue presentado entonces ante la División de Condominios que determinó que cumple con los requisitos procesales. “Al emitir esta aceptación, la División afirma el cumplimiento procesal, pero no respalda ni favorece el plan de rescisión”, explica el abogado en los documentos de la demanda.

Los diez dueños que no desean vender sus propiedades intentaron impugnar el Plan alegando que no obtuvieron los votos requeridos y que se omitieron divulgaciones obligatorias. Sin embargo, no tuvieron éxito en sus intentos.

Todos fuera

Todo lo contrario, 13 de marzo de 2023, el administrador del condominio envió un aviso a todos los inquilinos del edificio en el que decía que debían abandonar la propiedad el 31 de mayo de 2023. “Dejaron claro a los propietarios demandantes que ya no eran propietarios de sus unidades e incluso planearon prohibirles la entrada a sus hogares sin ninguna autorización judicial”, afirma la demanda.

“TRD hizo el Plan de Disolución y lo registró con el Estado de Florida, después lo envió al Departamento de Regulación empresarial y Profesional (DBPR), y a la Oficina del Tasador de Miami-Dade, donde borraron el folio de propiedad de cada dueño”, sostuvo Fraga sin terminar de creérselo.

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Registro Público

Los políticos de Miami

“Yo fui a la oficina del tasador y pregunté cómo hicieron con los bancos, porque algunas de las propiedades tienen el gravamen de sus hipotecas. Se supone que antes de derrumbar un edificio y de firmar todos esos documentos, ustedes deban tener una autorización y buscar si existe algún gravamen”, contó Fraga quien reconoció que también habló con la alcaldesa Daniella Levine-Cava.

Fraga se pregunta: ¿cómo es posible eliminar los folios de una propiedad sin revisar la validez de una transacción?

“Nosotros ahora estamos demandando a la Ciudad de Miami y a TRD para demostrar que esa gente se ha apoderado de nuestra propiedad de manera “errónea”.

Ellos -TRD- sostienen que tenemos un cheque de 430.000 dólares por nuestras unidades. Ese es el valor que ellos le pusieron a mi unidad. El que les dio la gana. Sin embargo, ellos no pueden pagarme por mi propiedad lo que les dé la gana. Primeramente, yo no la quería vender. Además, si estuviera obligada a vender, como supuestamente es lo que ha pasado, tendríamos que llegar a un acuerdo. No me pueden obligar y encima darme por mi unidad lo que te dé la gana”, insistió muy molesta Fraga.

A la pregunta de si ellos habían acudido al alcalde Francis Suárez o a la Oficina de la Fiscal Federal Estatal Katherine Fernández Rundle, Fraga respondió mostrando varios mensajes donde le explica al alcalde Suárez lo que está pasando con su condominio. “El alcalde nunca contestó”.

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Jacqueline S. Fraga, propietaria de una de las unidades del Biscayne 21

Por su parte, Bello respondió:

“Ellos,( los directivos de TRD,) estuvieron abrazándose con Francis Suárez, ya tú sabes quién es Francis Suárez. Ese es el corrupto más grande que ha habido en la política de Miami. Eso demuestra el alcance de estas personas y mientras, nosotros no aparecemos ni en los libros del tasador de la propiedad, ¿cómo se logra eso?”

Este propietario subrayó que la pesadilla que están sufriendo le puede pasar a cualquier residente del condado. A quienes aconsejó que revisen las Declaraciones de sus Condominios y no dejen que incluyan el lenguaje Kaufman. “Ese lenguaje les va a permitir a la Junta hacer cualquier cambio que pueda violar su potestad como dueño”.

“El lenguaje Kaufman no es en favor del propietario, favorece a los urbanizadores que siempre van a tomar posesión de la Junta”. Y llamó a los propietarios de condominios a estar vigilantes ante aquellos inversores que compran más de una propiedad. “Al menos que nuestra experiencia llegue a otros propietarios del condado”, afirmó y prometió que seguirán en la batalla legal.

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