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La policía utilizó el jueves gases lacrimógenos para disipar una marcha multitudinaria que se acercó a la sede de la presidencia durante la cuarta jornada consecutiva de protestas contra un contrato minero que el gobierno de Panamá firmó con una empresa canadiense para seguir extrayendo cobre en una amplia zona boscosa.
Mientras tanto, el sector empresarial y la Iglesia católica pidieron la intervención de la Corte Suprema de Justicia para unos recursos de inconstitucionalidad que se presentaron en contra del acuerdo entre el Estado panameño y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, el cual le otorga a la empresa el derecho de extraer y vender cobre y minerales afines por 20 años y es prorrogable a 20 más.
El miércoles se admitió uno de esos recursos, aunque es apenas un primer paso. Los expertos dicen que la única manera en que el contrato sea eliminado —como exigen los manifestantes— sin que haya demandas multimillonarias por parte de la compañía minera es que el máximo tribunal considere que el pacto representa una violación a la Ley Fundamental del país.
Para este viernes se llamó a otra movilización hacia la sede de la Corte Suprema.
El gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que sancionó y promulgó el contrato este viernes en tiempo récord, ha optado por ratificar el acuerdo con el argumento de que “salvaguarda” miles de empleos y aporta a la economía.
Una llovizna que caía sobre la capital y la periferia, y la falta de transporte público no frenaron una marcha de trabajadores de la industria de la construcción, docentes y sectores de salud, entre otros, hacia la presidencia, situada en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Horas después llegó a la zona un numeroso contingente de jóvenes, quienes cantaron el himno nacional y mantuvieron la paz.
La calma se vio alterada brevemente por un sujeto que sacó un arma de fuego e hizo varios disparos al aire, y posteriormente huyó entre los manifestantes. Fue el segundo suceso de ese tipo durante las manifestaciones de la jornada, sin que se hayan reportado heridos. Los organizadores han advertido de posibles infiltrados en las manifestaciones.
Los miles de manifestantes salieron posteriormente de la zona y enfilaron hacia el sector comercial y bancario de la capital, donde fueron reprimidos con gases. Los manifestantes respondieron lanzando objetos sólidos.
Susana Zambrano, de 38 años, dijo horas antes que marchaba por “el futuro de la patria». Con tono de rechazo, la licenciada en tecnología industrial recalcó que “el pueblo ya está cansado de lo que está pasando” y que están defendiendo el futuro de las próximas generaciones.
«Ya son ciento y pico de proyectos mineros y éste ha sido la gota que ha derramado el vaso; somos un país pequeño, no aguantamos tanta minería”, declaró a AP.
Los manifestantes arengaron frases contra la minería, aplaudieron y ondearon banderas panameñas. En medio del jolgorio, la policía lanzó gases lacrimógenos para sacar a los inconformes de la zona colonial, antes de hacer lo mismo con los jóvenes en una zona comercial y bancaria conocida como Marbella.
El cuerpo policial emitió un comunicado en el que justificó sus actos bajo el argumento de que los manifestantes lanzaron «fuegos artificiales en Plaza Catedral, lugar considerado Patrimonio Histórico, poniendo en peligro la vida de las personas».
La policía ha informado que ha detenido 215 personas por haber causado daño a la propiedad y que más de 30 comercios han sido vandalizados.
Las marchas de los últimos días recuerdan a las de hace un año, cuando manifestantes paralizaron el país durante más de un mes en protesta contra del alto costo de la vida.
Las protestas son lideradas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, educadores, grupos indígenas y, a diferencia del año pasado, también convocadas por jóvenes desde las redes sociales.
Los manifestantes piden que se derogue el contrato minero, que el gobierno convoque a una moratoria minera y a un referendo para decidir sobre la política del país en ese sector.
“No a la minería, sí a la salud”, coreaba un grupo de enfermeras durante la marcha.
Los detractores del contrato dicen que éste tendría un fuerte impacto medioambiental y amenazaría el recurso hídrico, al establecer que la empresa almacene agua para su operación y genere electricidad.
Tampoco están de acuerdo con el argumento del gobierno de que con el contrato el país recibirá 10 veces más en aportes económicos que con el anterior contrato que data de una ley de 1997, y que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
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