Latest Breaking News Online News Portal
Sacerdotes nicaragüenses denunciaron este jueves la prohibición por parte de la Policía Nacional de realizar misas en los cementerios del país, tal y como tradicionalmente se venía realizando cada año en ocasión del Día de los Fieles Difuntos.
Algunos religiosos, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, indicaron a la Voz de América que agentes policiales visitaron los templos para dar a conocer la medida, pese a que no existiría un documento oficial por parte de las autoridades.
“Sólo te puedo decir que la Policía me vino a ver el martes en la noche para decirme que estaba totalmente prohibido celebrar una misa en el cementerio. Yo tenía programado oficiarla en un cementerio”, dijo un sacerdote a la VOA.
Otro expresó que la orden fue dada a nivel general por medio de las Diócesis del país.
Los católicos de Nicaragua celebran cada 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos y tradicionalmente las familias visitan los cementerios para depositar flores en las tumbas. Los fieles acuden a capillas de los cementerios para participar en actividades religiosas.
El gobierno de Nicaragua, que declaró “asueto” este jueves para que las familias visitaran las tumbas, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la VOA sobre las denuncias de los religiosos.
La prohibición denunciada por los sacerdotes ocurre luego de las suspensiones de las procesiones en Nicaragua durante la Semana Santa de este año.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, que ha documentado los ataques del gobierno nicaragüense contra la Iglesia católica, reveló en un informe reciente que a partir de la crisis de 2018, la administración del presidente Daniel Ortega ha perpetrado 667 actos hostiles contra esa Iglesia y sus fieles de parte de agentes y simpatizantes oficialistas.
El gobierno de Ortega acusó a la Iglesia católica de promover un golpe de Estado durante el año 2018, cuando surgieron protestas contra el mandatario, quien lleva más de 15 años en el poder.
Ortega ha encarcelado a sacerdotes, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, mientras que ha desterrado a unos 12 religiosos nicaragüenses.
