Era viernes y el reloj marcaba las 19:30, cuando Romina Mella y otros periodistas de IDL Reporteros sintieron griteríos en las afueras del medio. Era un grupo de alrededor de 50 personas que les lanzaban insultos y amenazas. Hicieron detonar bombardas y bengalas y también lanzaron basura y excremento hacia el patio de ingreso y estacionamiento del local.
La policía demoró en llegar y cuando lo hizo, la situación poco cambió. El grupo permaneció amenazante en el lugar, mientras los periodistas se mantenían en su redacción tratando de no perder la calma y tomando fotos a través de las ventanas.
“Precisamente estos ataques lo que buscan es poder atemorizar a periodistas, buscan intimidarlos”, dijo a la Voz de América Romina Mella, jefa de redacción de IDL Reporteros, al recordar ese momento que se produjo en mayo del año pasado. Desde entonces, no sólo han continuado las agresiones, sino que se han sumado campañas de desprestigio y juicios.
“Nosotros tenemos claridad con que esos ataques y el nivel de violencia de los ataques y de lo agresivo de los ataques y de las causas judiciales precisamente se deben, es una consecuencia, de haber investigado al poder y haber revelado casos de interés público y que son relevantes para nuestra sociedad”, agregó la periodista con casi 20 años de experiencia.
IDL Reporteros es un medio digital que hace periodismo de investigación y que coordinó la investigación en Latinoamérica del caso Lava Jato, revleando su trama de corrupción en Perú, que involucró a casi todos los presidentes de los últimos 20 años, candidatos presidenciales, gobernadores, alcaldes, líderes políticos y empresarios, que se beneficiaron de pagos irregulares de la brasileña Odebrecht.
“Como nosotros hemos sido el equipo de periodistas que ha liderado las investigaciones y hemos publicado básicamente sobre todos los involucrados en este caso, es que empezaron a arreciar y a darse una serie de campañas de desinformación, que se han desarrollado de manera paralela con ataques, amenazas, ataques en redes sociales y también amenazas e incursiones a la redacción en el local de IDL reporteros”, afirmó Mella.
De acuerdo con las indagaciones del propio medio, los que promueven estos ataques están vinculados con políticos sobre los que han publicado investigaciones. Incluso asegura que hay medios de comunicación que propalan desinformaciones sobre el equipo periodístico, sobre todo de su director, Gustavo Gorriti. IDL Reporteros ha publicado investigaciones sobre los dueños de esos medios.
“Intimidación judicial”
“Cuando realmente el periodismo investigación hace bien su trabajo, que es llegar al fondo de las cosas, sacar la verdad de los hechos que importan, que cuentan, y no aquellas que se presentan como tales; entonces, hay reacciones y las reacciones pueden venir o de los poderes convencionales, del poder político fundamentalmente, o la combinación de esa articulación de lo público con lo privado… Pero también puede venir en muchos casos del crimen organizado”, dijo a la VOA Gustavo Gorriti, un referente del periodismo peruano de investigación y que ha sido blanco de constantes y diferentes ataques a lo largo de su extensa carrera.
Desde muy niño anhelaba escribir, contar historias. Pero la vida lo llevó por diversos rumbos e incluso incursionó en la agricultura. “Yo no empecé temprano, yo empecé a hacer periodismo pasados los 30 años”, contó y lo hizo en una prestigiosa revista para la que reporteó la difícil época del conflicto armado interno que vivió Perú en la década de 1980. Fruto de esa experiencia es su libro titulado “Sendero”, que narra el desarrollo y surgimiento del grupo considerado terrorista por el gobierno peruano, Sendero Luminoso.
Luego, ya en la década de 1990, investigó y publicó informes sobre el entonces poderoso asesor de inteligencia del presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, actualmente preso por delitos de lesa humanidad, corrupción, tráfico de armas y tráfico de drogas. Gorriti fue secuestrado “con la intención de ser desaparecido. Pero no le salió bien el plan”. La presión internacional sobre su caso logró que sea liberado.
Y ya al frente de IDL Reporteros, como su fundador y director, sacó adelante las investigaciones en torno al caso Lava Jato, que remeció los cimientos políticos del país, y todo lo logró acompañado de “periodistas muy jóvenes, con buen conocimiento del mundo digital, unidos a periodistas veteranos, que tenían larga experiencia y conocimiento de los métodos periodismo de investigación”.
El caso Lava Jato “ha sido la investigación más grande sobre la masiva corrupción en la intersección de lo público con lo privado que se ha hecho en este siglo en el Perú”, afirmó Gorriti. Pero ha pagado sus consecuencias.
El Ministerio Público abrió una investigación penal en marzo al periodista en base a afirmaciones del asesor de la exfiscal general, recientemente removida del cargo, atribuyéndole a Gorriti el diseño de la investigación fiscal contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros dirigentes de su partido Fuerza Popular, acusados de recibir millones de dólares para su campaña presidencial por parte de Odebrecht, y de hacer que el jefe de los fiscales que investiga el caso Lava Jato se mantenga en el cargo.
“No nos queda duda que hay un conglomerado de personajes, de fuerzas políticas, de agrupaciones, de sectores políticos que en este momento son los que controlan al Congreso de la república y que han decidido desarrollar, con cierto éxito, hasta este momento una arremetida (…) que tiene mucho que ver con cosas fundamentales como lucha contra la corrupción en el Perú y que vincula directamente al caso Lava Jato”, dijo a la VOA Carlos Rivera, abogado de Gorriti.
“Nos da la impresión que vivimos en momentos de contraofensiva y parte sustancial de esta contraofensiva era liquidar políticamente al periodista que tuvo un rol fundamental en la revelación de este tipo de sucesos y a los fiscales que han estado liderando el proceso de investigación y acusación”, agregó.
Por ser una investigación penal, hay riesgo de detención del periodista, de allanamiento de la redacción de IDL Reporteros, y de incautación de teléfonos móviles. Además, la fiscalía ha adelantado que solicitará el levantamiento del secreto de las comunicaciones “y eso es mucho más preocupante porque ya no solamente en sí misma la investigación está dañando y afectando la libertad de información o de opinión del periodista, sino que está colocando en gravísimo riesgo las fuentes de información al periodista”, dijo Rivera.
Ante esa situación Gorriti, de 76 años, quien se viene reponiendo además del tratamiento para contener un cáncer que le detectaron a mediados del año pasado, responde: “como ve, estoy en una edad en la que mucha gente ya se ha jubilado, retirado, está dedicado a sus mejores intereses, desde oler las rosas en jardín, hasta de repente seguir sus aficiones. Pero yo estoy trabajando más de lo que trabajaba cuando tenía 20 años (…) Cuando me propusieron tomar la primera investigación periodística que hice, supe que al cruzar el río no había vuelta atrás y que había que hacerlo”.
Ahora, “cuando atacan con la violencia con que lo hicieron, hay tres posibilidades: rendirse; correr, huir; o permanecer y pelear. Yo decidí por lo tercero y lo seguiré haciendo mientras sea necesario. Y si llega el momento en el que el final me toca en plena lucha, yo creo que es una forma muy honorable de terminar la vida también”.
El periodista, al igual que Romina Mella y su equipo, aseguran que pese a las amenazas e intimidaciones seguirán haciendo lo que mejor saben: periodismo de investigación y bajo la recomendación de Gorriti: “Nunca permitas que el miedo sea tu editor, nunca lo permitas”.
Diversas formas de violencia contra periodistas
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en un informe especial difundido a fines del 2023 que “si bien en el país no se registran asesinatos de periodistas, persisten numerosas formas de violencia contra periodistas. Además, se ha identificado un patrón de hostigamiento judicial contra periodistas a través del uso de figuras penales como la de difamación o protección del honor, así como discursos estigmatizantes contra ellos, inclusive provenientes de autoridades estatales”.
El informe resalta además que, como “resultado de las tensiones sociales latentes, la polarización política, la inestabilidad institucional, y de los impedimentos indebidos al trabajo de la prensa y de los periodistas, la libertad de expresión atraviesa actualmente un momento de extrema complejidad en el país”.
Y menciona en parte lo que Mella comentó líneas arriba, que todo ello se da en “un clima de permisividad y de tolerancia a la violencia contra periodistas y comunicadores”.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú informó que al cierre del 2023 la agresión física y verbal lideraba su registro de ataques contra periodistas, seguida de amenaza y hostigamiento, trabas al acceso a la información y coberturas, discurso estigmatizante e intimidación judicial.
Y en un reciente análisis sobre la libertad de prensa este año, la organización Reporteros sin Fronteras consideró que en Perú “las condiciones para ejercer el periodismo se van deteriorando a medida que el sistema político se vuelve cada vez más opaco. El país ha caído 48 puestos en sólo dos años” y en su clasificación mundial el estado de la libertad de prensa en Perú se encuentra en situación “difícil”.
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