Así afectarán a los cubanos los nuevos cambios en la legislación en 2025

En 2024, el gobierno cubano aprobó una serie de leyes y decretos que han generado preocupación y debate tanto dentro como fuera de la isla.  

Estas normativas, que afectan áreas clave como la ciudadanía, la libertad de expresión, la migración y la regulación económica, reflejan un enfoque de control estatal sobre aspectos fundamentales de la vida cotidiana en Cuba.  

A través de medidas como la Ley de Ciudadanía, la Ley de Extranjería y la Ley de Comunicación, el Gobierno de la Isla parece reforzar su autoridad, mientras enfrenta la mayor crisis migratoria de su historia.  

Sin embargo, estas resoluciones también han suscitado inquietudes sobre el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la autonomía de los ciudadanos. 

La Ley de Ciudadanía y su potencial uso político 

Aprobada en junio de 2024, la Ley de Ciudadanía permite al gobierno retirar la nacionalidad cubana a aquellos que cometan “actos contrarios” a los “intereses” del Estado.  

Si bien la normativa establece que la ciudadanía se adquiere al nacer o mediante naturalización, su disposición de retirar la nacionalidad a quienes se opongan políticamente al régimen ha levantado alarmas, particularmente entre organizaciones de derechos humanos.  

El hecho de que el gobierno tenga potestad para determinar qué constituye un “acto contrario” a los intereses nacionales plantea un riesgo claro de uso político, orientado a silenciar a los opositores y a aquellos que se exilien en busca de mejores oportunidades. 

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A la par de la Ley de Ciudadanía, el gobierno aprobó la Ley de Extranjería, una medida que le otorga a las autoridades la facultad de prohibir la entrada al país a individuos vinculados con “acciones hostiles” contra el Estado cubano.  

Además, permite la prohibición de salida de la isla a ciudadanos por razones de “defensa y seguridad nacional”. En un contexto de masivo éxodo migratorio, con más de medio millón de cubanos abandonando el país en los últimos años, la nueva ley también refuerza el control sobre la diáspora cubana.  

Según compartió el sitio digital Radio Martí Noticias, un alto funcionario del Ministerio del Interior declaró que es “momento de determinar dónde residen los cubanos”, lo que genera inquietudes sobre la intensificación de la fiscalización de los emigrantes. 

La Ley de Comunicación: un golpe a la libertad de expresión 

Una de las normativas más controvertidas de 2024 fue la Ley de Comunicación, que otorga al Estado un control absoluto sobre los medios de comunicación y restringe la libertad de prensa.  

Esta ley impone censura previa, cooptación estatal de los medios y un control directo sobre los contenidos informativos. La comunidad internacional, incluidas organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha expresado su profunda preocupación, advirtiendo que esta ley es un retroceso en la libertad de expresión y un obstáculo para el acceso a la información veraz.  

En un momento en que la crisis de confianza en las instituciones cubanas es palpable, esta ley podría ahondar aún más la brecha entre el gobierno y la sociedad civil. 

La Ley de Transparencia 

En un giro que podría parecer positivo, en julio de 2024 se aprobó una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, periodistas y analistas consultados han manifestado escepticismo sobre su efectividad, dado el historial de opacidad del gobierno cubano.  

Si bien la ley otorga a los ciudadanos el derecho a solicitar información del Estado, el contexto de control centralizado sugiere que la aplicación de esta ley será limitada, especialmente cuando se trata de temas delicados como la represión política o la corrupción gubernamental. 

Reformas migratorias y la regulación del sector privado 

El gobierno cubano también aprobó una nueva Ley de Migración, que extiende derechos y permisos de residencia a los emigrantes, pero mantiene intacto el control sobre la entrada y salida del país.  

Las reformas benefician a aquellos cubanos que han salido en los últimos años, pero la persistente regulación restrictiva sigue siendo una herramienta de castigo para quienes buscan libertad fuera de la isla.  

Por otro lado, el sector privado en Cuba sigue siendo fuertemente regulado por el gobierno, con nuevas disposiciones que continúan subordinando el emprendimiento privado a la interpretación de las políticas gubernamentales.  

Las mipymes y cooperativas enfrentan mayores restricciones, mientras que el control sobre las actividades económicas no estatales se mantiene firme. 

El contexto de Crisis Energética y la regulación de los portadores energéticos 

Una de las medidas más críticas para la población cubana fue el Decreto 110, que regula el uso eficiente de la energía y establece cortes de electricidad de hasta 72 horas en caso de insuficiencia en la capacidad de generación.  

Esta normativa refleja el fracaso del gobierno en solucionar la crisis energética que afecta gravemente a la vida diaria de los cubanos, con cortes masivos de electricidad y una infraestructura colapsada. La medida traslada gran parte de la responsabilidad sobre el consumo eléctrico a los «altos consumidores», mientras que las promesas de mejorar la capacidad de generación siguen siendo inciertas. 

Un 2025 de restricciones y control 

Las leyes y decretos aprobados por el gobierno cubano en 2024 evidencian un enfoque cada vez más restrictivo y autoritario, con un fuerte énfasis en el control de la ciudadanía, la libertad de expresión y la economía.  

En medio de una crisis migratoria, energética y económica sin precedentes, el mandatario Miguel Díaz-Canel ha optado por reforzar su poder, limitando los derechos fundamentales y ampliando su capacidad de represión.  

Aunque algunas de estas normativas parecen orientadas a afrontar problemas reales, la falta de voluntad política para implementar reformas estructurales y la persistente opresión de las libertades civiles sugieren que el gobierno de Cuba continúa priorizando el control por encima del bienestar de su población.  

En este contexto, las promesas de transparencia, libertad y prosperidad parecen lejanas, eclipsadas por un estado de poder que sigue apostando por la centralización y el autoritarismo. 

Sin dudas, los cubanos tienen por delante un 2025 mucho más incierto que el año que dejan atrás, lleno de más represión y carencias en todos los ámbitos de la sociedad, una realidad que impulsa a los antillanos a salir del país en busca de una vida mejor.