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La candidata presidencial opositora, María Corina Machado, descartó el miércoles acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir la revisión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero evaluará su decisión, dijo, si cambian “muchas condiciones” relacionadas con avances de los acuerdos de Barbados.
La semana pasada Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada”, entre el 1 y el 15 de diciembre, podrá ejercer un recurso contra la medida ante el TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
“Así no”, subrayó Machado en conferencia de prensa al insistir que el gobierno “no es confiable” y señalarlo de no cumplir con los compromisos firmados en Barbados, entre ellos la liberación de presos políticos.
Machado reiteró que “no hay nada que recurrir” debido a que no hay decisión y tampoco ha sido notificada de ninguna medida.
“Esto es un hecho jurídico y no político (…) puedo asegurarles que tenemos una estrategia robusta para enfrentar de manera política y jurídica lo que aquí está planteado”, dijo en conferencia de prensa el miércoles.
Para Machado, el mecanismo para evaluar las inhabilitaciones “plantea restricciones” y existen varios elementos que no han sido “definidos”, por lo que sus implicaciones forman parte del proceso de evaluación actual.
“No puede haber acuerdo con la comunidad internacional si no existen condiciones limpias y libres, si no se liberan a los presos políticos y si no hay un mecanismo transparente y con celeridad que establezca la participación de los candidatos presidenciales que la sociedad venezolana ha elegido para representarlos”, expuso.
Sobre Machado y otros líderes opositores pesan inhabilitaciones administrativas para ejercer cargos públicos emanadas por la Contraloría General de la República (CGR) consideradas “ilegales”, pero que les impedirían formalizar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
El dirigente opositor Freddy Superlano, que ganó la gobernación del estado Barinas en el 2021 y que resultó estar inhabilitado para ejercer cargos públicos luego de que se dio el proceso electoral, había dicho el martes que esperaba por la decisión de Machado y que no acudiría ante la instancia si Machado no lo hace.
El subsecretario de Estado de EEUU, Brian Nichols, dijo también el martes que es “clave” un proceso “expedito y transparente para autorizar la candidatura” de Machado.
“Las autoridades de Maduro tienen que demostrar la valentía de aceptar a un candidato serio y fuerte de la oposición. Hay una candidata que goza del apoyo de la Plataforma Unitaria”, reiteró.
Washington también ha cuestionado que hasta el momento no se han registrado avances respecto a la liberación de ciudadanos norteamericanos y presos políticos venezolanos “injustamente detenidos” en Venezuela y reiteró su disposición a “pausar” el alivio de sanciones.
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”.
Órdenes de aprehensión
En una declaración transmitida en la televisora estatal, el fiscal general Tarek Saab dijo que había órdenes contra Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, del equipo de coordinadores nacionales de Machado, por los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El fiscal dijo que Alviárez, Macero, Urruchurtu y Roberto Abdul realizaron «acciones desestabilizadoras y conspirativas» en contra del «desarrollo del Referéndum Consultivo por la Guayana Esequiba», una zona en disputa con Guyana, y que fue organizado por las autoridades el pasado 3 de diciembre.
Abdul es uno de los ocho miembros de la comisión que organizó la elección primaria interna opositora el 22 de octubre pasado y ganada por Machado. En octubre, Abdul fue citado en la Fiscalía por una investigación que inició el Ministerio Público a la elección primaria de la oposición.
Machado, quien conoció de las órdenes de aprehensión en medio de una conferencia de prensa en la que también estaban los miembros de su partido señalados, les manifestó apoyo y descartó que la acción sea causante de miedo, desmoralización o desmovilización”.
“Se están equivocando y no nos van a detener, todo lo contrario, esto nos da más fuerza”, dijo.
En referencia a la situación del Esequibo y las acciones del gobierno, la lideresa política resaltó los peligros de apelar a una “retórica bélica”, que puede tener consecuencias impasables, para “salir de la ruta electoral”.
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