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Los asesinatos de la Dj colombiana Valentina Trespalacios y la exdeportista y campeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, son sólo algunos de los casos que representan un detrimento de la sociedad colombiana, que registra en promedio más de una mujer asesinada por su condición de género.
Según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en los primeros siete meses de 2023, se registraron en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación, por lo menos 301 feminicidios.
El Observatorio Colombiano de Feminicidios de Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, también recoge en su base de datos números similares entre el 1 de enero y el 3 de julio de 2023, documentando 320 casos.
Falta de prevención ante las denuncias
Para Isaac Morales, coordinador de la línea de convivencia y seguridad ciudadana de la fundación Pares, aunque en Colombia existen regulaciones como la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, y la norma 1257 del año 2008, que ordena planes de prevención, detección y atención ante situaciones de acoso, agresión sexual o cualquiera otra forma de violencia contra las mujeres, estas aún están muy lejos de cumplir sus objetivos de brindar resultados de protección a mujeres víctimas de violencia de género.
“El feminicidio es uno de los delitos que tiene mayor posibilidad de prevención, ya que normalmente está antecedido de una serie de denuncias que hace la víctima en contra del victimario”, comentó Morales a la Voz de América.
Además, agregó que “el apartado de justicia se queda corto en muchos sentidos, ya sea porque no tiene la capacidad de atender todas estas denuncias, o porque las mujeres que llegan a la justicia a pedir protección no son atendidas, o porque hay muchísimos otros tipos de delitos que se están cometiendo y se está advirtiendo que la administración de justicia se queda corta”.
Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, dice que más allá de las cifras, lo importante a tener en cuenta sobre la crítica situación son las formas en que se comete este terrible delito.
“Lo que pasa en Latinoamérica es salvaje, es muy cruel, son casos que implican tortura, secuestro, desapariciones, disposiciones en maletas, en bolsas, decapitaciones, desmembramiento. O sea, es la evidencia del desprecio por la vida de las mujeres”, relató a la VOA.
El subregistro de los casos
La fundación Pares señaló en el informe «Vivir sin miedo» que las regiones del país donde más se presenta este delito son Bogotá (59), Valle del Cauca (36), Antioquia (35), Tolima (16) y Santander (16). En la mayoría de los casos, el asesinato fue cometido por parejas o exparejas de la víctima.
A la elevada tasa de violencia letal basada en género se suma el subregistro que por diversos factores complican e imposibilitan tener datos ante la falta de denuncia que imposibilita tener datos claros en ciudades o municipios donde las cifras son elevadas.
“No hay una uniformidad en los datos que presentan los diferentes organismos estatales, eso da lugar a que exista un subregistro porque puede llegar una denuncia a la policía sobre feminicidio y la misma autoridad la puede recibir y procesar como homicidio sin entender que son causas distintas y que hay que atenderla con otra particularidad”, mencionó.
Además, agregó Morales que “en muchos casos no se denuncia y las autoridades no hacen un seguimiento para indagar con mayores detalles las causas de estos tipos de crímenes”.
La impunidad en los casos de feminicidios ronda el 90 %, según el Observatorio de Feminicidios Colombia. Tras el gravamen del hecho, el Estado no ha logrado unificar el número total de feminicidios en una sola base de datos. Es decir, la información varía según la entidad y no existe una cifra oficial y exacta de mujeres asesinadas.
“La situación no es novedosa porque desde el 2018, que es el año que hemos venido haciendo la observación, la tasa nunca ha bajado de 200 casos e incluso en 2018 estuvimos muy cerca de los 300 casos”, explicó Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia.
En ese orden de ideas, precisan que a pesar de que el gobierno ha puesto en su agenda a la mujer como una parte “esencial” con una apuesta por “mitigar” las problemáticas de género, las acciones no sólo se “deben quedar en palabras” sino que deben permitir la protección y los derechos de la mujer.
“Se creó el ministerio de la Igualdad, pero en lo concreto no se ven mayores acciones reales que permitan los derechos de la mujer en materia de prevención y atención a este tipo de denuncias, con todas las generalidades de denuncias basadas en género”, dijo Morales de Pares a la VOA y consideró que “es necesario que la unificación de las cifras para tomar decisiones con datos concretos para la formulación de políticas frente al femicidio en el que hemos insistido es el delito más prevenible y evitable”.
