Miguel Díaz-Canel cumplió su amenaza de responder con mano dura a las manifestaciones públicas de descontento popular por la situación de crisis que vive Cuba, con la confirmación ofrecida por su gobierno este sábado de la imputación de cargos a varias personas en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila por protestar por la falta de electricidad durante un apagón general tras el paso del huracán Rafael.
La Fiscalía de Cuba (FGR) dijo en una nota oficial que a los manifestantes, todos en prisión provisional y cuyo número no fue precisado de inmediato, se les acusa de los delitos de atentado, desórdenes públicos y daños.
Según la FGR, los imputados incurrieron en «hechos de agresión hacia autoridades e inspectores de los territorios que han provocado lesiones y alteraciones del orden”.
Detenidos en protestas de Encrucijada
La Fiscalía dijo que trabaja en la investigación y conclusión de los procesos penales, que serán presentados ante los Tribunales.
El viernes, la consultoría jurídica independiente Cubalex confirmó la detención de al menos 8 manifestantes en las protestas de Encrucijada, en Villa Clara, el 7 de noviembre, que no fueron mencionados en la nota de la FGR.
«Hasta el momento, hemos confirmado la detención arbitraria de 8 personas tras las protestas en #Encrucijada. Según la información disponible, los detenidos permanecen recluidos en #SantaClara. Algunos han sido trasladados a la prisión conocida como La Pendiente, mientras que se desconoce si otros continúan en centros de instrucción penal2, dijo cubalex en un hilo en la red social X.
Según Cubalex, entre los detenidos se encuentran Raciel Cárdenas Díaz y Andy Pérez Medero, ambos de la localidad de El Purio. «Según la información recibida, las autoridades están acusando a los manifestantes pacíficos de «desorden público» y, además, les atribuyen haber escrito la frase “Patria y Vida” en la fachada de la vivienda de un dirigente tras la protesta», dijo la organización.
A mediados de octubre, Díaz-Canel respondió a las protestas de cubanos en La Habana, indignados por el colapso del servicio eléctrico, con amenazas directas. Vestido con traje militar, el gobernante advirtió que actuará con «rigor» contra quienes traten de alterar el orden público durante una situación similar.
«Queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta, y que todos serán procesados como corresponde, con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias», dijo Díaz-Canel.
Las detenciones actuales recuerdan la represión desatada tras las protestas del 11 de julio de 2021, las más grandes contra el régimen comunista en Cuba, cuando cientos de manifestantes fueron detenidos y recibieron sentencias de hasta 25 años años de cárcel.
El régimen de la isla no tolera la protesta pacífica. Las manifestaciones cada vez más crecientes de descontento popular han desatado una «atmósfera de represión generalizada» por parte de las autoridades cubanas, que criminalizan el derecho a la protesta con amenazas directas y el encarcelamiento de los ciudadanos que lo ejercen, denunció la semana pasada Amnistía Internacional.
Si bien no han ocurrido en la isla protestas de la magnitud de las del 2021, «existe un esfuerzo permanente» por parte de las autoridades, de «recrudecer la atmósfera de miedo tras el 11 de julio», dijo una investigadora de la ONG a la agencia de noticias Europa Press.
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