Defensores de derechos humanos en la mira del régimen de excepción en El Salvador

El escrutinio que ejercen las organizaciones de derechos humanos al gobierno de El Salvador y a su polémica medida de seguridad, el régimen de excepción, es la principal razón por la que organizaciones civiles denuncian la captura de 26 activistas y defensores de derechos humanos hasta el 13 de marzo de este año.

La organización de derechos humanos Cristosal, que le ha dado seguimiento a estos casos, publicó recientemente la investigación “Sociedad civil en alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación”, en la que, además, recoge 71 testimonios de organizaciones que relatan vulneraciones a los derechos de participación, expresión y asociación en El Salvador.

Aunque la política de seguridad del país centroamericano ha barrido con el flagelo de las maras en los barrios, también ha dejado a su paso señalamientos de graves violaciones a derechos humanos, no solo contra la sociedad civil sino contra la sociedad organizada en colectivos.

«El principal vulnerador de los derechos de libre expresión, participación y asociación es el Estado, quien en realidad debería ser el garante y potenciador del trabajo sinérgico de las organizaciones», señala Cristosal en su informe.

María Verónica Delgado ha vivido en carne propia la persecución que denuncian las organizaciones: el 11 de marzo varios policías llegaron a su casa y la detuvieron por supuestamente colaborar con pandillas. La mujer, quien buscaba a su hija desaparecida desde mayo de 2022, se había unido a la organización Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas desde donde militaba.

“La madre buscadora”, como le llaman organizaciones civiles a Delgado, llevaba un cartel en el mano con la fotografía de su desaparecida hija Paola Arana el 9 de marzo, cuando las calles de la capital salvadoreña conmemoraron en una marcha el Día Internacional de la Mujer. Dos días después, Delgado fue capturada.

“Te imaginas que tu hija desaparece, la buscas, la policía no te dice nada de su paradero. Lo cuentas por redes y medios de comunicación, y dos días después te llevan presa por haber denunciado que la policía no la busca ¡No a la criminalización de las madres que buscan!”, señaló en un comunicado la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.

Ante la detención de Delgado, varias organizaciones civiles emitieron una alerta urgente ante lo que consideran una violación a su derecho a la búsqueda y defensoría de derechos humanos. Un aviso al que se sumó Amnistía Internacional.

De igual manera, un equipo de seis ambientalistas fueron detenidos en el montañoso departamento de Cabañas hace 14 meses. La Fiscalía los acusa de homicidio, asociaciones ilícitas y privación de libertad durante la guerra civil salvadoreña ocurrida entre 1972 y 1992.

Los ambientalistas pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico Social (Ades) que organiza bloques de resistencia contra de la minería y en favor del derecho al agua. Una organización que señala que detrás de las capturas está la intención de revertir la prohibición a la minería, vigente en El Salvador desde 2017.

“Ha habido una clara utilización de la justicia transicional para perseguir a nuestros compañeros. No han podido ni siquiera presentar pruebas suficientes que hagan viable el proceso”, expuso a medios locales Alfredo Leiva, activista salvadoreño. Los defensores continúan presos.

La captura es la vulneración más grave a la que defensores de derechos humanos aseguran haberse enfrentado en El Salvador. Sin embargo, también denuncian otras vulneraciones como hostigamiento, censura, bloqueos y otros patrones de amenazas desde el Estado.

Marvin Reyes es un expolicía salvadoreño quien hoy lidera el Movimiento de Trabajadores de la Policía, una organización que defiende los derechos laborales de los oficiales.

Debido a su conocimiento de la institución, Reyes ha denunciado los supuestos excesos cometidos por el Estado salvadoreño en nombre del régimen de excepción. Entre estos, una cuota de detenidos que el gobierno le impuso a cada policía recién iniciada la medida.

En octubre de 2023, un grupo de policías intentó llevar a Reyes a una delegación policial para que ampliara una denuncia que había hecho en redes sociales sobre actos de corrupción en una delegación capitalina. Reyes no los acompañó y denunció el hecho.

“Fuerzas oscuras dentro de la misma policía quieren callarme y pretendían llevarme con engaños a la delegación y capturarme aplicándome el régimen. Esto es una clara persecución hacia las voces disidente que señalan aspectos de corrupción por instituciones que tienen que ver con la seguridad pública”, dijo Reyes tras el incidente.

Además de lo señalado, la investigación de Cristosal expone acoso policial y militar en las manifestaciones o protestas pacíficas que realizan, acompañados con eventuales bloqueos de unidades de transporte que llevan personas a estas actividades.

También señalan obstáculos de corte legal, fiscal y burocrático para obtener personerías jurídicas.

Bukele y los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, la reelección de Bukele en El Salvador puede consolidar el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos.

“Ya hemos visto en la región las graves consecuencias de la falta de acción coordinada, oportuna y contundente de la comunidad internacional frente a estos modelos represivos, no solo en El Salvador, sino en toda la región”, señaló la organización el 5 de febrero pasado, un día después de que Bukele se reeligió como presidente.

Aunque el gobierno salvadoreño no ha cerrado operaciones de las organizaciones civiles como sí ha ocurrido en Nicaragua, estas ven un escenario adverso para los siguientes años.

Bukele ha criticado públicamente a quienes fustigan sus políticas contra los pandilleros, entre estos, miembros de la comunidad internacional:

«Que sepan todas las ONGs de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente», dijo en mayo de 2023.

Bukele entró al poder Ejecutivo en junio de 2019 tras haber ganado la elección presidencial contra los partidos tradicionales ARENA y FMLN. En 2021, la victoria de su partido Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas, le permitió tener una cómoda mayoría en el Congreso desde donde ha promovido varias políticas contra las organizaciones.

En mayo de 2021, el Congreso creó la Comisión Especial para investigar fondos otorgados a organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Seis meses después se sometió a discusión la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, que buscaba ponerle un impuesto del 40 % a los ingresos de las organizaciones. La ley no fue aprobada.

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