Denuncian tercera muerte de un preso político tras elecciones presidenciales en Venezuela

Tres personas arrestadas en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio han fallecido bajo custodia del Estado venezolano, denunció el lunes una organización defensora de DDHH que pide esclarecer las causas de las muertes.

Familiares confirmaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, detenido junto a su hijo de 19 años el 1 de agosto en el estado Lara, en el noroeste del país, murió en el penal de Tocuyito.

El OVP precisó que durante los primeros días de reclusión González presentó síntomas de depresión y que había sido hospitalizado por presentar un dolor abdominal que, de acuerdo a las autoridades penitenciarias, se trató de un cólico nefrítico, pero “todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis”.

“Su familia denunció que la atención médica fue tardía y que además no le daban información precisa sobre el padecimiento”, expuso el OVP, que resaltó que “esta es la segunda muerte que se registra en la cárcel de Tocuyito (estado Carabobo) de un detenido en el contexto de las manifestaciones postelectorales, en menos de 72 horas”.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no se han referido públicamente al caso. El gobierno de Nicolás Maduro acusa a los opositores de provocar e instigar la violencia postelectoral que vivió el país durante las protestas, lo que familiares niegan.

“Mi papá era una persona sana”

El fin de semana organizaciones defensoras de derechos fundamentales, así como la oposición venezolana exigieron esclarecer las causas de la muerte de Jesús Rafael Álvarez, quien también estaba recluido en el penal de Tocuyito.

“Se encontraba bajo custodia del Estado en el penal de Tocuyito y, por tanto, es su responsabilidad garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad. Exigimos justicia en este caso y la libertad de su esposa Anny Suárez y la de todos los presos políticos”, escribió el sábado en X la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de oposición.

Álvarez, de 44 años, fue detenido junto a su esposa, el 2 de agosto, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en El Callao, estado Bolívar, en el sur de Venezuela y fue trasladado al Internado Judicial de Tocuyito, en el estado Carabobo, donde se encuentra parte de los arrestados tras las elecciones.

Según el OVP tras reconocer el cuerpo de su padre a través de una fotografía, Jesús Álvarez, el mayor de tres hermanos, dijo que no recibió ninguna llamada de las autoridades y que se enteró de su muerte, el viernes, a través de redes sociales.

“¿Cómo uno como familiar se le va a morir el familiar de uno que está ahí preso inocentemente y a uno no lo llaman? Lo que solicito nada más es la entrega del cuerpo”, dijo en un video en el que relató su precaria situación tras haber tenido que mudarse cerca del penal, a 1000 kilómetros de su hogar, para intentar velar por su padre.

“Mi papá era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban. A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel”, narró al OVP.

Álvarez, el mayor de tres hermanos, exigió la liberación de su madre que se encuentra detenida en Puerto Ordaz, estado Bolívar, un poco más cerca de su residencia, desde donde sus familiares la apoyan con los alimentos.

“Yo no quiero que ella también muera encerrada ahí siendo inocente igual que mi padre”, dijo.

En noviembre, Jesús Manuel Martínez Medina, un músico miembro de Vente Venezuela, la organización política liderada por la líder opositora, María Corina Machado, que trabajó como testigo de mesa en las elecciones, falleció por no haber recibido atención médica oportuna.

Martínez, que padecía diabetes tipo II y presentaba un problema cardíaco, tuvo una necrosis en sus piernas y murió en medio de un procedimiento en el que serían amputadas.

Desde el 2015 al menos 14 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en medio de circunstancias no esclarecidas.

La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, según defensores de derechos fundamentales.

Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González, actualmente en un exilio “forzado” en España.

Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2400 detenidas.

El gobierno venezolano anunció que la semana pasada se produjeron 103 excarcelaciones que se suman a las 225 medidas cautelares otorgadas en noviembre, luego de que Maduro pidió a los órganos de justicia revisar causas relacionadas con los hechos violentos ocurridos en el contexto postelectoral.

La semana pasada Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (ACNUDH), Volker Türk, expresó preocupación por el uso “desproporcionado” de la fuerza y la violencia durante las protestas contra los comicios e instó a las autoridades a liberar a todas aquellas arrestadas arbitrariamente antes y después de los comicios.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció el domingo que las condiciones de reclusión en las que se encuentran los privados de libertad en Venezuela constituyen una “sostenida práctica de trato cruel, inhumano y degradante”.

Provea pidió el cese del empleo del sistema de administración de justicia como instrumento para la “retaliación” por razones políticas e instó a propiciar la visita del Relator Especial contra la Tortura de la ONU y de la Comisión de DDHH para constatar las condiciones de reclusión de todos los privados de libertad.

En días recientes se ha incrementado la preocupación internacional sobre denuncias de una escalada en la represión en el país, mientras la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) avanza en su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.