Departamento de Justicia de EEUU disuelve equipos que investigan corrupción e interferencia electoral

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reorientará gran parte de su personal y recursos hacia la «eliminación total» de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales en Estados Unidos, al tiempo que desmantelará las unidades dedicadas a procesar los delitos de cuello blanco y a los cleptócratas y a rastrear los esfuerzos extranjeros para influir en las elecciones estadounidenses.

El cambio, anunciado en una serie de memorandos emitidos esta semana por la recién juramentada secretaria de Justicia Pam Bondi, es parte de una importante reorientación de un departamento que el presidente Donald Trump dice que ha sido «utilizado como arma» en su contra desde el final de su primer mandato en el cargo.

En un memorando emitido el miércoles, su primer día en el cargo, Bondi pidió un «cambio fundamental de mentalidad y enfoque» en lo que respecta a la lucha contra los cárteles de la droga.

«Debemos hacer más que tratar de mitigar los enormes daños que estos grupos causan en Estados Unidos», escribió Bondi. «No basta con detener la marea de venenos mortales, como el fentanilo, que estos grupos distribuyen en nuestra patria. Más bien, debemos aprovechar los recursos del Departamento de Justicia y empoderar a los fiscales federales de todo el país para que trabajen urgentemente con el Departamento de Seguridad Nacional y otras partes del gobierno hacia el objetivo de eliminar estas amenazas a la soberanía estadounidense».

Eliminación de programas contra la cleptocracia

El mismo memorando describía las medidas de Bondi para eliminar unidades específicas del departamento.

Entre las eliminadas había dos dedicadas a atacar a los cleptócratas, figuras públicas que utilizan su autoridad para robar recursos a su propio pueblo.

La Iniciativa de Recuperación de Activos de la Kleptocracia, establecida en 2010, trabajó para identificar los activos de los cleptócratas, confiscarlos y devolverlos a los países de los que fueron robados.

El Grupo de Trabajo KleptoCapture, una unidad independiente, se formó a principios de 2022 a raíz de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. La unidad persiguió a oligarcas cercanos al presidente ruso Vladimir Putin y aplicó sanciones contra Rusia por parte de Estados Unidos y sus aliados después de la invasión.

«Los abogados asignados a esas iniciativas volverán a sus puestos anteriores», decía el memorando de Bondi, «y los recursos actualmente dedicados a esas iniciativas se destinarán a la eliminación total de los cárteles y las organizaciones transnacionales».

La unidad de la División Penal, centrada en la presentación de procesos en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, dijo, «deberá priorizar las investigaciones relacionadas con el soborno en el extranjero que facilita las operaciones delictivas de los cárteles y las organizaciones transnacionales, y desviar la atención de las investigaciones y los casos que no implican dicha conexión».

Solo en 2024, la unidad de la FCPA consiguió cientos de millones de dólares en pagos de acuerdos de empresas declaradas culpables de sobornar a funcionarios públicos.

Los procesos en virtud de la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero también se reorientaron en virtud de las nuevas instrucciones.

Grupos anticorrupción preocupados

Gary Kalman, director ejecutivo de Transparencia Internacional Estados Unidos, dijo a la VOA que los cambios en las prioridades del Departamento de Justicia podrían tener consecuencias nefastas para la lucha mundial contra la corrupción pública.

«La eliminación de las iniciativas de cleptocracia es una preocupación, ya que esas iniciativas estaban proporcionando valiosos servicios de coordinación e intercambio de información entre diferentes departamentos y con algunos de nuestros aliados en el extranjero», dijo Kalman.

«Esas redes tuvieron algunos resultados alentadores y permitieron que las investigaciones avanzaran más rápidamente», dijo. «El desmantelamiento de esos programas probablemente tendrá un efecto negativo en nuestra capacidad para investigar y procesar casos».

En cuanto al cambio de enfoque de las investigaciones de la FCPA y la FEPA, Kalman dijo que mucho dependerá de cómo la administración elija definir «organizaciones criminales transnacionales».

Las violaciones de la FCPA y la FEPA «son por naturaleza delitos transnacionales», señaló. Por lo tanto, dijo, es difícil saber con certeza qué tipo de investigaciones serán prioritarias.

«Por ejemplo, ¿consideran al gobierno iraní una ‘organización’?», preguntó.

En un análisis de las medidas del Departamento de Justicia, un grupo de abogados de la firma de abogados Arnold & Porter argumentó que la nueva postura del departamento podría conducir a más casos de la FCPA.

«La aplicación de la FCPA podría en realidad aumentar, al menos en ciertas áreas», escribieron. «Por ejemplo, el Departamento de Justicia podría perseguir de manera más agresiva las violaciones de la FCPA relacionadas directamente con México y otros países latinoamericanos, así como con China, lugares que la administración Trump ha identificado públicamente como fuentes de actividad delictiva transnacional, incluido el tráfico de narcóticos ilegales».

Reorientación de los procesos penales por influencia extranjera

En un memorando separado, Bondi reveló que el Departamento de Justicia también disolverá el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera, establecido en 2017 para investigar los esfuerzos de actores estatales, como Rusia y China, para influir en la opinión pública estadounidense, particularmente en torno a las elecciones.

Trump ha sido muy crítico de los esfuerzos de las fuerzas del orden para identificar y erradicar la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses, especialmente después de que un informe del fiscal especial Robert Mueller, en 2019, encontrara amplia evidencia de que se habían montado operaciones de influencia rusa para beneficiar la candidatura de Trump durante las elecciones presidenciales de 2016.

En su memorando, Bondi escribió: «Para liberar recursos para abordar prioridades más urgentes y poner fin a los riesgos de un mayor uso de armas y abusos de la discreción procesal, se disolverá el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera».

Los defensores de la integridad electoral se mostraron consternados por la decisión.

Susannah Goodman, directora de seguridad electoral de la organización activista Common Cause, dijo en una declaración que la decisión de disolver el FITF es un «terrible error» que dejará a la infraestructura electoral estatal y local sin apoyo crítico.

«El FITF proporciona protección crítica para salvaguardar nuestros votos y nuestras elecciones de los servicios de inteligencia de gobiernos extranjeros hostiles, incluidos Rusia, China e Irán», dijo Goodman.

«Sabemos que los gobiernos extranjeros han estado interfiriendo en nuestras elecciones durante décadas y de manera aún más expansiva a partir del ciclo electoral de 2016. Es difícil imaginar una prioridad más urgente que proteger nuestras elecciones de la interferencia extranjera», dijo.

«Los funcionarios estatales y locales que dirigen nuestras elecciones no tienen los recursos ni la experiencia para competir directamente con servicios de inteligencia extranjeros altamente sofisticados», afirmó.

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