Documento ONU revela posicionamientos críticos sobre la situación de Cuba ante Examen Periódico Universal


Casi trescientas organizaciones de todo el mundo enviaron informes a Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal sobre los derechos humanos en Cuba, previsto para el 15 de noviembre en Ginebra.

Un resumen divulgado por Naciones Unidas revela posicionamientos críticos sobre la situación de la isla, aunque la avalancha de grupos oficialistas participantes ocupa gran espacio con alabanzas al régimen de La Habana. Fundamentalmente, las llamadas asociaciones de amistad con Cuba, organizaciones de masas supeditadas al Partido Comunista y grupos oficialistas residentes en el exterior.

Mientras tanto, la sociedad civil independiente y organizaciones internacionales de prestigio “condenaron la represión estatal y el uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales” de 2021 y expresaron su preocupación por las “graves violaciones” de derechos humanos.

Algunas comunicaciones recibidas denuncian “casos de privación de libertad de niños”, en el contexto de las protestas, y señalan la imposición de sanciones como “penas de prisión, trabajos correccionales en régimen de internamiento y regímenes de libertad restringida por períodos de hasta cinco años”.

El resumen contiene denuncias por “las malas condiciones de las prisiones y las violaciones de los derechos humanos de personas privadas de libertad”. Otras, lamentan que el nuevo Código Penal no prevea “todas las formas de violencia contra la mujer”, particularmente contra las afrodescendientes y las defensoras de derechos humanos.

Varias organizaciones recomiendan a Cuba “tipificar el feminicidio como delito autónomo” y promulgar una “ley integral contra toda forma de discriminación y violencia”.

También expresan preocupación “por el hecho de que la nueva Constitución volviera a consagrar un sistema de partido único, ampliara la lista de delitos punibles con la pena de muerte y mantuviera la unidad de poderes”.

En el caso de los abusos, se cuestiona la “protección insuficiente que se brinda contra la tortura, tanto en la ley como en la práctica”. Además, se muestra inquietud por el «uso de prácticas coercitivas durante los interrogatorios» y se exhorta al régimen de La Habana a aplicar las recomendaciones del Comité contra la Tortura.

Otras críticas contenidas en los informes de las ONG:

-Se recomienda a Cuba ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que aún no es parte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

-Se recomienda cursar invitaciones a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, incluidos el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, así como a los relatores especiales sobre la tortura, sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre la libertad de opinión y de expresión, y sobre los defensores de los derechos humanos.

-Se recomienda a Cuba velar por la plena independencia, imparcialidad y efectividad del poder judicial, en consonancia con los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura.

-Se expresa preocupación por los presos políticos que habían sido condenados debido a su “peligrosidad social” o “predelictiva”.

-Se recomienda liberar a las personas detenidas durante las protestas por expresar opiniones diferentes, que se ofrezcan reparaciones a los afectados y que se ponga fin a las detenciones arbitrarias y a los arrestos domiciliarios ilegales.

-Se manifiesta preocupación por el hostigamiento, las condenas penales por desacato y el recrudecimiento de la criminalización de académicos, periodistas, artistas, activistas y defensores de los derechos humanos, mediante la aplicación de delitos que sancionan la crítica a funcionarios públicos.

-Se cuestionan las disposiciones del Decreto Ley 370 porque son vagas y pueden limitar el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones independientes.

-Se expresa preocupación por las limitaciones impuestas a la libertad de asociación y al derecho de huelga y por los patrones de ataques sistemáticos a sindicalistas independientes.

-Se señala un incremento de la emigración y se recomienda a Cuba que garantice a sus ciudadanos la libertad de circulación en el territorio, así como libertad para salir e ingresar en el país sin límite de tiempo.


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