El presidente de Colombia, Gustavo Petro planteó convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en caso de que no se aprueben las reformas sociales que propone su Gobierno.
«Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo -a través de su voto- decretó (…) entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente», dijo el sábado, durante una movilización de indígenas, en Cali, epicentro de las protestas sociales de ese país en 2021.
Petro, que se posesionó el 7 de agosto de 2022, no ha logrado el apoyo político en el legislativo que dé luz verde a sus proyectos de ley con miras a modificar los sistemas de salud, de pensiones y laboral.
La Voz de América le explica de qué se trata la propuesta.
¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente?
Consiste en un grupo de trabajo cuya misión reescribir la Constitución. En Colombia, existen tres procedimientos para enmendar la Carta Magna: un referendo al que se convoca para cambiar algún articulado. Los proyectos de actos legislativos que se llevan ante el Congreso para que se debatan y aprueben que, al ser aprobados, también permiten reformar algunos artículos.
Y el último es la Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo más amplio que implica la redacción de un nuevo marco institucional o normativo en su totalidad y que requiere de una aprobación de la mayoría en el Congreso, una ley de mayorías absolutas que convoquen la Constituyente. Además del control de la Corte Constitucional y unas elecciones que requiere el apoyo de al menos la tercera parte del censo electoral (13 millones de votantes).
¿Qué está proponiendo el presidente?
Aunque, según los analistas, el mensaje del mandatario aún “no es suficientemente claro”, a través de su cuenta de X, Petro explicó el martes que el proceso constituyente convocado “no es ni para cambiar la constitución del 91” ni para perpetuarse en el poder, sino que deja entrever que permitiría revisar algunos aspectos que, a su consideración, todavía no han sido desarrollados los suficientemente por este marco constitucional.
En este sentido, propone que se discuta el cumplimiento del acuerdo de paz, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población. Además, que la política monetaria priorice el empleo y la producción, cumplir la orden de la constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos. Por otro lado, conducir el sistema judicial hacia obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr la reconciliación social, entre otros.
Incluso, propone “la constitución de coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía”.
¿Es viable?
Varios expertos dijeron a la VOA que esta no es una propuesta viable y es innecesaria.
“No es conveniente, teniendo en cuenta que esto hace parte de una relación de equilibrio de poderes, de frenos y contrapesos, y hacer este llamado para saltar este sistema establecido… no sería lo más conveniente para la democracia”, apuntó Ángel Tuirán, docente del Programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte.
En términos prácticos, agregó, “es muy difícil que el gobierno salga adelante” en un escenario donde no tiene mayorías en el congreso ni “el apoyo de la ciudadanía”.
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, “es inoportuna” porque se presenta como “una confrontación entre fuerzas políticas y no como consenso”, y en una coyuntura “muy delicada”, en la que se está investigando la financiación de la campaña presidencial.
Además, es un trabajo que “podría tardar más de dos años» y que coincidiría «con la terminación del período del actual gobierno”.
Los analistas coinciden en que lo más viable sería encontrar acuerdos. Para Charry, la Constitución se puede reformar a través de actos legislativos, de manera que, “si hay buen entendimiento con el Legislativo, las cosas podrían fluir mucho más fácilmente sin sobresaltar los ánimos y sacudir las medidas extraordinarias”.
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