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En muchas ocasiones la UE trabaja contrarreloj; es una lucha contra el tiempo que marca la realidad. Los últimos cinco años los acontecimientos se han agolpado con la pandemia, la crisis, la guerra en Ucrania, la situación energética o una nueva era geopolítica. Eso ha hecho que se dieran grandes avances para el bloque comunitario, con pasos de gigante y la ruptura de tabúes que parecía que no se iban a abordar nunca. De la salud a la Defensa, pasando por fórmulas de deuda común o compra conjunta. Se ha hecho mucho, pero cuando se acaba la legislatura todavía se quedan en el tintero asuntos que quedarán heredados para después de las elecciones del próximo 9 de junio:
La ley de restauración de la naturaleza, en problemas
Un termómetro interesante sobre la división política de esta legislatura es la ley de restauración de la naturaleza, que parecía pactada pero ha vuelto a quedar en peligro de muerte y seguirá dando que hablar más allá de la cita con las urnas. Hungría, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia sumaron una minoría de bloqueo que deja en el aire el acuerdo entre Consejo y Parlamento, justo cuando este se había alcanzado después de sendos choques a nivel de países y también entre grupos en la Eurocámara. Esto pone en jaque, de nuevo, uno de los pilares del Pacto Verde Europeo a la espera de ver cómo este se puede matizar -por presión de la derecha- en los próximos años.
La ley de restauración de la naturaleza busca proteger la biodiversidad de la UE, para corregir su «alarmante declive», según la advertencia de la Comisión Europea, en vista de que «más del 80% «de los hábitats europeos están en malas condiciones de conservación o que «más del 70%» de los suelos están en «condiciones de insalubridad», lo que produce una «pérdida de productividad agrícola por un valor de 1.250 millones al año».
El Parlamento Europeo salvó en el último pleno esa bola de partido, con una votación muy ajustada que elevó el tono de la derecha y llenó de celebraciones a las formaciones de izquierdas. Ahora son ocho países -con intereses dispares, además- los que ponen en el aire las dinámicas de la UE. «Al final es una muestra de lo que se puede venir encima la próxima legislatura, el Pacto Verde va a ser un asunto todavía más ideologizado», explican fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. Es más, la cuestión climática será un asunto de primer orden en la campaña electoral, y los partidos políticos lo van asumiendo.
Una ley de IA que habrá que ir actualizando
Una norma que se ha cerrado pero que se tendrá que actualizar con los tiempos es la ley de Inteligencia Artificial, pionera a nivel mundial pero pendiente de cómo pueda evolucionar el sector. Todos los actores políticos aceptan que no se trata de un tema estanco, y eso tiene tanto riesgos como oportunidades. Las nuevas normas prohíben determinadas aplicaciones de la IA que amenazan los derechos de los ciudadanos, como los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles y la extracción no selectiva de imágenes faciales de Internet o de grabaciones de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial.
También se prohíben el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en la escuela, el scoring social, la actuación policial predictiva (cuando se basa únicamente en el perfil de una persona o en la evaluación de sus características) y la IA que manipula el comportamiento humano o explota las vulnerabilidades de las personas. Además, se incluye, como se esperaba, uno de los puntos más espinosos. El uso de sistemas de identificación biométrica (RBI) por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad está prohibido en principio, salvo en situaciones exhaustivamente enumeradas y estrictamente definidas.
«Estos sistemas deben evaluar y reducir los riesgos, mantener registros de uso, ser transparentes y precisos y garantizar la supervisión humana. Los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas sobre los sistemas de IA y a recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten a sus derechos», explican. Ya en su momento, el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco, que participó en las negociaciones en representación de la Eurocámara, expresó a 20minutos que la UE da un paso de gigante frente a otros actores. «Vamos a tener una ventaja competitiva, pero el resto de países van a ser libres, claro, de hacer su propia regulación. Si las empresas quieren operar en nuestro espacio tendrán que hacerlo con nuestras reglas y con nuestros principios y valores», concluyó.
¿Deuda común para invertir en Defensa?
El de la inversión en Defensa es uno de los melones que se han abierto y que, irremediablemente, exige a la UE tener una mirada muy larga. Por lo pronto, la propuesta de la Comisión Europea habla desde el punto de vista industrial. Este plan se apoya en tres premisas (o datos) clave: adquirir en común al menos el 40% de los equipos de Defensa de aquí a 2030; garantizar que, para 2030, el valor del comercio de defensa dentro de la UE represente al menos el 35% del valor del mercado de defensa de la UE y también avanzar de manera constante hacia la adquisición de al menos el 50% de su presupuesto de defensa dentro de la UE para 2030 y el 60% para 2035.
Por otro lado, los Estados miembros ya están valorando la posibilidad de emitir deuda común para la compra de material militar, con la misma fórmula que se empleó para el fondo de recuperación poscovid o para la adquisición conjunta de vacunas. El Gobierno de Volodimir Zelenski ha cifrado en 450.000 millones de euros el apoyo necesario para que Ucrania se pueda reconstruir. Y con esa ‘excusa’ los países miembros han abierto la vía de una nueva emisión de deuda común para financiar la industria militar. La idea la lanzó el presidente francés, Emmanuel Macron, y parece tener buena acogida entre algunos de sus homólogos, aunque se da más importancia a vehicular la apuesta a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La mayoría de voces reconocen que todavía se tiene que concretar el cómo.
La PAC, sobre presión para retocarse
Las protestas del campo ha sido uno de los grandes retos de la Unión en los últimos tiempos, y Bruselas ha puesto un foco en resolver esa cuestión. De momento se ha pactado la exención de controles y sanciones para las pequeñas explotaciones agrarias, de menos de 10 hectáreas, para aliviar aún más la carga burocrática del campo, atendiendo así a la que ha sido quizá la principal demanda del sector primario. El ministro de Agricultura, Luis Planas, apuntó que un total de 345.000 declarantes se beneficiarán de la relajación de requisitos para los pequeños agricultores, una cifra que supone más de la mitad del total. Pero si se piensa a lo grande la UE necesitará retocar una de sus grandes políticas: la PAC.
Los principales objetivos de la Política Agraria Común es unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector. Ahora, la meta más concreta que busca el sector del campo es que se reduzca la burocracia de manera considerable, algo a lo que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros están dispuestos. Tendrá que aclararse todo eso en la próxima legislatura.
¿Hora de tomarse en serio la ampliación?
Por último la UE sabe que necesita estar preparada cuando se habla de la ampliación del bloque. Y es que ahora no lo está si quiere admitir nuevos miembros; esa es la realidad, asumida en Bruselas, y que empieza a ser explicada con insistencia desde las instituciones. ¿Cómo puede afrontar la UE una ampliación para la que no está (todavía) preparada? Por lo pronto, asumiendo que la arquitectura actual del proyecto comunitario no admite más socios: sería como convertir en un elefante a un animal que ya de por sí es lento, porque esa es su naturaleza. No se puede ser rápido teniendo que poner de acuerdo a 27 Estados miembros; no imaginemos si hay que concretar asuntos con 35 o 36.
Sergio Príncipe, doctor y profesor de la Universidad Complutense, explica a este medio que «no puedes dar nada por hecho en geopolítica internacional, y no podemos dar por hecho que la UE no se va a ver afectada por lo que pase en el exterior», sobre todo viendo los últimos acontecimientos. «Hay muchas cosas que hay que hablar, con respecto a la unanimidad, por ejemplo», sostiene, y recuerda que el Tratado de Maastrich (1993) «ya nació imperfecto, y se asumió. Con el de Lisboa no pasa eso. Se quiere abrazar al oso sin ni siquiera haberse acercado al oso».
Ahora mismo la lista de países candidatos se ha elevado a un total de ocho: Turquía, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania, Macedonia del Norte, Moldavia y Ucrania, con Georgia y Kosovo esperando en un segundo escalón como candidatos potenciales. Ahora mismo hay procesos de ampliación de todos los colores, dependiendo del país candidato. De todos los candidatos balcánicos a la entrada en la UE hay cuatro con conversaciones abiertas: Serbia, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, siendo este último el país más avanzado en el proceso: del total de 35 capítulos en la actualidad se han iniciado negociaciones sobre treinta y tres, de los cuales tres ya se han cerrado de manera provisional. Más recientemente también se ha pactado la apertura de conversaciones con Ucrania, Moldavia y Bosnia; pero el camino es muy, muy largo. La misma perspectiva que maneja la UE en un tiempo en el que, sí o sí, tienen que tomar decisiones importantes.
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